La Justicia rechaza indemnizar a las adjudicatarias del 'AVE vasco' por el terrorismo etarra
Varias sentencias entienden que ETA ya era un riesgo previsible cuando aceptaron el proyecto
Sólo indemnizan cuando las medidas de seguridad fueron tomadas por indicación de ADIF
Viaducto sobre el río Ibaizábal / Grupo Azvi
Madrid
Las constructoras adjudicatarias del proyecto ferroviario conocido como el ‘AVE vasco’ o ‘Y Vasca’ no serán indemnizadas por los efectos del terrorismo etarra. Varias sentencias de la Audiencia Nacional dictadas en el último año rechazan las indemnizaciones millonarias solicitadas por varias empresas a cambio de la inversión que tuvieron que hacer en seguridad frente a la amenaza terrorista, y sólo acepta el desembolso en casos en los que las medidas fueron tomadas por indicación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Más información
Las adjudicatarias de varios tramos del proyecto ferroviario todavía en construcción acudieron a la Audiencia Nacional solicitando cantidades que en algún caso alcanzaban los tres millones y medio de euros por el dinero gastado en seguridad para protegerse de la banda terrorista: las Uniones Temporales de Empresas (UTE) de Durango, Mondragón y Amorebieta entre otras.
Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en decisiones confirmadas posteriormente por secciones de la sala, han desestimado hasta en tres ocasiones acceder a estas indemnizaciones con el mismo argumento: para cuando se presentaron al proyecto, la banda terrorista ETA ya era un peligro que atenazaba desde hace décadas a la sociedad vasca y no pueden alegar ahora, años después, que era algo imprevisible.
La última de estas resoluciones fue dictada en julio por la sección octava: “No se ha establecido que la amenaza que finalmente tuvieron que soportar las obras de la "Y" vasca fuera absolutamente imprevisible en el momento de su licitación”, y tampoco que ADIF ordenase o hiciese indicaciones al respecto: “El conocimiento por ADIF de que se estaban adoptando medidas, no significa que ADIF las ordenara” y añade otra de las resoluciones que para cuando acudieron al concurso público en 2006 “no puede sostenerse” que no pudieran suponer que “pudieran ser objeto potencial de amenazas y atentados por la banda terrorista ETA”.
Sentencias favorables
Sólo en dos casos la Audiencia Nacional ha avalado que las UTE contratistas sean indemnizadas por ADIF por el dinero adicional que gastaron en seguridad: la UTE que aglutinó a Luko, Tecsa y Altuna y Uría (877.500 euros) y la que unió a Empresas Mañaria, Balzola, Moyua y Azvi (850.000 euros). En ambos casos tanto el juzgado como la sala entendieron que las medidas de seguridad tomadas llegaron bajo la supervisión de la administración.
Aginagalde, uno de los etarras condenados por el asesinato de Uría / Interior
“ADIF tuvo conocimiento del Plan de Seguridad, intervino en su elaboración junto con la gerencia de las obras”, explicó la sentencia del juzgado en el segundo caso. En el primero, afirma la Justicia que fue la propia Dirección de Obra dependiente de ADIF la que “comunica a la UTE la necesidad de contratación de tres vigilantes”. Ignacio Uría, empresario de la ‘Y Vasca’ asesinado por ETA en 2008, fue copropietario de una de las empresas de una de las UTE indemnizadas.
Atentados y sobrecostes
El proyecto ferroviario que iba a conectar el País Vasco con Francia y el Corredor Mediterráneo arrancó sobre el papel en 2006 y doce años después ha dejado más de dos mil millones de euros en sobrecostes y una previsión de no acabar antes de 2023 con varios túneles necesitados de reformas antes de ser estrenados.
Desde su inicio, el proyecto se convirtió en objetivo prioritario del terrorismo etarra con el asesinato del empresario Uría en Azpeitia a finales de 2008, distribuyendo indicaciones entre sus militantes para atentar contra la alta velocidad en Euskadi.
