La Justicia retira la nacionalidad a un pederasta que violó a un niño pequeño

Madrid

La Justicia española ha decidido retirar la nacionalidad a un ciudadano uruguayo después de descubrir que está en prisión cumpliendo condena por violar a un niño de cinco años. La Audiencia Nacional toma esta decisión a petición del propio Gobierno, que le concedió la nacionalidad española cuando ya estaba en prisión provisional y tres meses antes de que fuese condenado a once años de presidio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el condenado solicitó la nacionalidad en 2012, poco después de empezar a violar al hijo de cinco años de edad de su pareja en la localidad menorquina de Ciutadella. Entró en prisión provisional en 2014, después de que la familia paterna del pequeño descubriese los abusos, y la administración le concedió la nacionalidad en marzo de 2016: en prisión provisional, dos meses antes de sentarse en el banquillo y cuatro meses antes de ser condenado a once años de prisión.

Como en otros casos similares en los que la deficiente comunicación entre administraciones ha provocado que se conceda la nacionalidad a una persona inmersa en un proceso penal grave, ha sido la propia Abogacía del Estado la que ha recurrido la concesión de la nacionalidad del Ministerio de Justicia y la Audiencia Nacional la que ha anulado el acuerdo por entender que estos abusos sexuales sobre un niño son "un comportamiento incompatible con la tan citada buena conducta cívica" exigida a quien quiere obtener la nacionalidad.

La sentencia, que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, revoca la concesión de nacionalidad a este uruguayo de 36 años como ha sucedido en casos similares: en agosto de 2017 le retiro la nacionalidad a un hombre venezolano tras descubrir que había abusado de su hija, y en marzo de ese mismo año hizo lo mismo con otro que había asesinado al dueño de un bar en Manresa.

Once años por abusos

El hombre cuya nacionalidad ha sido retirada fue condenado en julio de 2016 a once años de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, condena confirmada en marzo del año siguiente por el Tribunal Supremo. Según esas resoluciones, violó varias veces al hijo de cinco años de edad de su pareja en la localidad de Ciudatella entre 2012 y 2014, hasta que un día la familia paterna del pequeño descubrió las heridas y decidió llevarle al hospital de Maó.

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Ningún juez creyó sus argumentos frente al demoledor testimonio del niño, su familia y los médicos y psicólogos que intervinieron en el proceso: intentó acusar al pequeño de tener comportamientos sexuales "algo afeminados" y en un momento del proceso, incluso, la madre del niño llegó a estar imputada tras posicionarse del lado del abusador. Su condena incluye diez años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros para su víctima por abusos sexuales.