La Justicia confirma la expulsión de un fiscal por montar un "entramado societario" dedicado al vino

Madrid

La Audiencia Nacional ha decidido confirmar la expulsión de la carrera fiscal de Emilio Valerio Martínez, exteniente fiscal de Madrid, por una falta muy grave de incompatibilidad: creó durante años un entramado de hasta 16 empresas, varias de ellas instrumentales, para gestionar el patrimonio familiar y dirigir negocios sin solicitar en ningún momento la compatibilidad necesaria.

Fiscal desde 1981 y teniente fiscal de Madrid desde 2008, Emilio Valerio creó o adquirió las 16 sociedades entre 2007 y 2013, dejando su teléfono y dirección personales en la mayoría de escrituras y asegurando que era abogado o empresario, evitando reconocer que era fiscal. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, era un "entramado empresarial" destinado a gestionar una herencia familiar de negocios de conversión en vino, cerveza y aceite de los frutos que se producían en las fincas familiares en Navarra, además de a regentar diversos establecimientos en Pamplona.

La decisión de expulsarle fue tomada en diciembre de 2016 por el Ministerio de Justicia que dirigía entonces Rafael Catalá y confirmada ahora por la Audiencia Nacional: Valerio tendría que haber pedido la compatibilidad exigida para gestionar su "grupo societario", que por ejemplo en 2015 tuvo un volumen de negocio de 3,3 millones de euros. Varias empresas de este grupo son consideradas por la Justicia como "sociedades instrumentales", poniéndose su mujer al frente de varias cuando tuvo conocimiento del expediente abierto. 

Los jueces de la sección tercera de lo contencioso-administrativo confirman la orden de expulsión y explican que tendría que haber pedido la compatibilidad: administrar un patrimonio familiar no es incompatible, dicen, pero que en este caso hubo "una actividad empresarial en toda regla". También aseguró que su actividad empresarial no había comprometido "la neutralidad del Ministerio Fiscal" ni había "descuidado" su trabajo en la Fiscalía, y los jueces de la Audiencia Nacional contestan: las incompatibilidades sirven para "preservar la imparcialidad objetiva, no solo real sino también la aparente" de la Fiscalía.

Fraude y facturas manipuladas

Valerio ejercía como fiscal en Madrid, pero sus negocios estaban a más de quinientos kilómetros: en Navarra. El caso, de hecho, llegó a manos tanto de la Fiscalía de Navarra como al Gobierno Foral, que llegaron a certificar a principios del año pasado un intento de fraude de 69.742,64 euros en subvenciones "mediante la manipulación de facturas": el caso fue archivado ya que la cantidad supuestamente defraudada no llegaba al mínimo de 120.000 euros que exige la Ley para estudiar la existencia de delito.

La sentencia describe cómo él mismo reconoció que una de sus dieciséis empresas fue creada para "facilitar el acceso a subvenciones", y también cómo varias de sus empresas generaron un volumen de negocio de 3,3 millones de euros sólo en 2015. Entre sus alegaciones desestimadas por la Audiencia Nacional, el exfiscal aseguraba haber hecho una "mera labor de conservación", afirmaba que gestionar el patrimonio familiar no está sujeto a compatibilidad y que el Gobierno ha sido "negligente" a la hora de legislar este asunto en torno a los fiscales.

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Añadía en su escrito de conclusiones el fiscal que "sobran los nombres públicos" que compaginan sus cargos con su patrimonio familiar: su caso fue resuelto poco antes de que Manuel Moix tuviese que dejar el puesto de Fiscal Anticorrupción por su sociedad familiar radicada en Panamá. Ese día, el entonces fiscal general José Manuel Maza dijo que "no encuentro motivo alguno para poder cesarle".

El origen del caso

La sentencia de la Audiencia Nacional también revela cómo la Fiscalía tuvo conocimiento de su entramado societario. Un hombre acusado por Valerio de un delito contra la ordenación del territorio - por un almacén construido de forma irregular en la sierra de Madrid - remitió un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 quejándose de la actuación del fiscal e informando de la existencia de varias sociedades a su nombre en un "informe económico": el almacén fue finalmente demolido pero la Fiscalía empezó a investigar a Valerio por sus empresas.

Valerio incluso llegó a estar imputado por estafa y falsedad por este entramado societario por un juzgado de Madrid, causa que fue archivada, pero la información que él calificaba de "escrito calumnioso huérfano de toda prueba" fue suficiente para que la Fiscalía tirase del hilo y terminase abriendo un expediente que poco después acabó en su expulsión. "No ha habido irregularidad alguna en el inicio del expediente", defiende ahora la Audiencia Nacional sobre el origen de esta investigación.