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Sociedad

Radiografía del sistema de protección y tutela de menores en España

Analizamos con varios expertos y desde múltiples puntos de vista qué sucede con los menores cuando los trabajadores piden la retirada de la tutela de los padres

Radiografía del sistema de protección y tutela de menores en España

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Madrid

A raíz de los últimos casos que han devuelto a la actualidad las fisuras recurrentes que deja en evidencia el sistema de protección de menores en los 19 escenarios diferentes que hay en nuestro país (17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla) 'Hora 25' analiza con 6 expertos y desde múltiples de vista, qué sucede con ellos desde el mismo momento que los trabajadores sociales piden la retirada de la tutela de sus padres.

Empezando por los operadores jurídicos, los que intervienen, casi siempre, una vez que los niños ya están retirados por los servicios sociales porque es solo a posteriori cuando los padres o familiares de los pequeños pueden acudir a la Justicia a pedir la revocación de la medida cautelar, algo que sucede en menos del 5% de los casos, según José Antonio Bosch Valero, abogado de Sara Casas y con más de 30 años de experiencia en defensa de la infancia en desamparo.

El gran cuestionamiento que hace este abogado versa sobre la falta de datos rigurosos que expliquen los resultados del sistema de protección sobre cada niño. La prioridad, dice, debería ser como marca la ley y la convención internacional de los derechos del niño, que este siga con su familia en sus múltiples posibilidades. Bosch con más de 50 casos en su trayectoria de protección a la infancia y sus familias pide alternativas.

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Otra abogada, Patricia Fernández, con 25 años de experiencia en esta materia con organizaciones como Coordinadora de Barrios o Merced de las Migraciones resalta que por su experiencia "la retirada de un niño de su entorno familiar genera mucho más trauma que por ejemplo un progenitor entre en prisión" afirma.

Según Fernández, el sistema de protección de la infancia se sigue deteriorando por múltiples factores, dice que en su día a día ha comprobado como los perfiles han ido cambiando, y que cada vez más, a muchas madres con trabajo también se les están retirando los niños, sobre todo a las internas del servicio doméstico que no tienen donde dejar a los pequeños. Señala que hay múltiples tipos de centros de protección y en que es aquellos donde se les limita la libertad de entrada y salida donde los problemas se multiplican. Lamenta que en los últimos años se hayan dado diversos casos de suicidios en centros cerrados con medidas judiciales, y recuerda que las tasas de suicidio entre varones jóvenes son en España más altas de la Unión Europea. Suma el sinhogarismo como otro factor, "muchos jóvenes que proceden del sistema de protección acaban en las calles" resalta.

La Fiscalía del Menor

De la abogacía a la Fiscalía del Menor, el garante del interés superior del niño, que también cuestiona el sistema, de hecho, piden que se revise el hecho de retirar a los niños de sus padres con un procedimiento administrativo. Lo hace Inés Herreros, que ha pasado muchos años interviniendo en casos de menores y ahora vocal en el Consejo Fiscal y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Enumera fallos en el sistema como la falta de más fiscales o más medios económicos, es consciente de que hay que mejorar la vigilancia y seguimiento de estos chavales es una salvaguarda que corresponde a la fiscalía en corresponsabilidad con las comunidades autónomas. Dice la ley que cada 6 meses hay que hacer un seguimiento de los centros, pero Herreros reconoce que no está siendo suficiente. Denuncia que no hay un seguimiento de la evolución de estos niños una vez que salen del sistema a los 18 años y que se les condena en muchos casos a la exclusión, "solo conozco un caso de una niña tutelada, en este caso con una familia de acogida, que haya llegado a la universidad", afirma. Pide atender la desigualdad y los problemas socioeconómicos como clave en la generación de problemas en la infancia.

Por su parte, los trabajadores sociales que hacen cada día informes sobre estos niños, que participan en las decisiones sobre su protección o que trabajan con ellos en los centros defienden que el sistema de alerta funciona, pero cuestionan un modelo que consideran de otra época.

Los trabajadores sociales

Maru Trujillo lleva 35 años como trabajadora social especializada en atención a la infancia en desamparo, "todo el sistema de protección está montado para evitar que los niños se separen de los padres, los niños que están en riesgo estarían mejor con sus familias y los que están en desamparo van a acogimiento familiar o residencial. En nuestro sistema se prioriza a familia extensa o familia ajena, el régimen preadoptivo o el permanente, cuando no es posible van a acogimiento residencial, esto son los centros, pueden ser pequeños o grandes, en teoría deberían parecerse a un hogar", explica desde Granada.

Señala que en Andalucía, en principio, los centros están limitados a máximo de 25 niños, pero en centros de reforma es distinto "es como una prisión". Recuerda esta veterana que no es hasta 1996 cuando sale ley de protección del menor en nuestro país que deja la competencia en las comunidades autónomas. "Las ayudas para la familia no son suficientes, que los programas sean efectivos para evitar la separación de sus familias va a depender de esas actuaciones, los niños siempre van a estar mejor con sus familias o familias extensas", insiste.

Vulneraciones de derechos

Sobre las vulneraciones y violaciones de derechos recuerda que "la fiscalía de menores tiene la obligación de llevar un control de los centros cada 6 meses, cuando hay una situación de posible delito o maltrato los trabajadores sociales están obligados a denunciar, si uno me cuenta que ha sido abusado lo pongo en conocimiento inmediato", defiende. "Por supuesto se necesitan más medios, hay problemas, los niños abandonan los centros, las niñas con indicios de trata desaparecen. No es fácil ser trabajador en un centro, pero no creo que se den tantos casos como se transmiten ahora en los medios", señala Trujillo, que pasado por los distintos centros y que ahora trabaja desde el ámbito de la justicia.

Por su experiencia "los centros no son horribles, hay afecto, intentamos que la vida sea agradable, es una convivencia, hay niños que también dan satisfacción y disgustos, pero no se nos puede vender los centros como todo malo. Es verdad que hay centros que vienen de modelos antiguos, de la iglesia etc. Pero también se han reciclado", detalla.

"Hay también un negocio, ahora hay un montón de entidades, grandes empresas que lo ven como un mercado, más en reforma que en protección, pero los políticos son muy hipócritas, desde hace mucho tiempo todos los niños en acogimiento residencial han estado en centros de entidades privadas, Mensajeros de la Paz, Aldeas Infantiles etc. Pero en últimos tiempos han entrado grandes empresas a saco, centros con programas de emergencia, en sitios muy recónditos, veo que son entidades que han surgido ahora, SAMU lleva ahora menores no acompañados, Diagrama más servicios, yo creo que se va a ver un deterioro", reflexiona.

Trujillo apuesta por un modelo en el que "debe primar el apoyo sobre el control, hay que respetar más a las familias y luchar contra la desigualdad, hay mucho más niños de barrios desfavorecidos que de clase alta, ¿por qué?, ¿pegan menos los padres ricos? ¿Es que los abusos sexuales no se detectan en ricos? Si el sistema tiene más niños de una clase social más que otra, lo que tiene que detectar el sistema es el maltrato", denuncia.

La legalidad

Otra pata en este análisis, el modelo que todo el mundo considera el mejor, de hecho lo dice la propia ley española y las convenciones internacionales: apostar por la acogida en familias. De los más de 40.000 niños que se estima que están tutelados por las comunidades autónomas, unos 17.000 están en familias como las de María Arauz de Robles, presidenta de la Asociación Estata de Familias Acogedoras y que ha tenido a 3 niños en su casa. Los tres han estudiado y tienen trabajo. Es el modelo de éxito frente al sistema de protección que "no puede seguir basado en el acogimiento en centros".

Insiste en que la diferencia no es solo el espacio o las condiciones, también los vínculos emocionales que se dan con esos familiares. Todos los agentes consultados, Auraz de Robles también, reclaman transparencia para conocer los datos reales de qué pasa con estos niños, ¿cuántos estudian, trabajan, vuelven al sistema en cadena? Es más caro acoger en centros,"4000 euros por cada niño en centros y en las familias se ayuda con una prestación mucho menor y no en todos los casos", explica. Cree que hay "más consciencia que nunca de la necesidad de cambiar el modelo, pero el cambio no llega".

El análisis de 'Hora 25' se ha completado con la pata de la administración, de una de las 19 responsables de la protección del menor en España, Iratxe Serrano, una "hija del sistema", fue una niña dada en adopción, y que ha sido también muy crítica con la necesidad de mejorar y renovar el modelo de tutela. Para terminar ha vuelto a lanzar un SOS al Estado para que ayude a Canarias "con la situación totalmente saturada" de los menores que llegan solos en pateras a las islas.

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