Sociedad

A juicio una red de traficantes de droga centralizada en Aranda

La Audiencia Provincial de Burgos celebra este miércoles la vista oral con petición de pena de 8 años de cárcel para seis de los siete encausados

Imagen de archivo / Vicente Herrero

Aranda de Duero

La Audiencia Provincial de Burgos celebra este miércoles la vista oral del proceso abierto a siete personas, seis residentes en Aranda y una en Peñafiel, por tráfico de drogas. Las fuerzas de Seguridad pudieron dar con esta red a raíz de una primera detención en la capital ribereña el 26 de abril de 2020, en pleno Estado de Alarma y confinamiento. En la calle Tenerife, del barrio de Santa Catalina, una patrulla de la Policía Local sorprendió a uno de los encausados, de nacionalidad española y sin antecedentes penales a las dos y cuarto de la madrugada, incumpliendo las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia y en una actitud sospechosa, que motivó el registro de su coche, en cuyo maletero encontraron una cantidad de speed valorada en el mercado ilícito en casi 12.000 euros. El destino de esa mercancía era trasladarla a Peñafiel a otro de los implicados, por encargo de un tercero.

Según el escrito de la Fiscalía, los agentes intervinieron su teléfono móvil y así pudieron saber que el detenido se comunicaba habitualmente con otros dos miembros de la red. A través de un auto de la titular del Juzgado número 1 de Aranda se intervinieron también sus teléfonos y se pudo llegar hasta el resto de los implicados, que fueron detenidos entre el 3 de agosto y el 12 de septiembre gracias a los dispositivos de vigilancia establecidos por el Grupo operativo local de la Policía Judicial de Aranda de Duero. De las conversaciones telefónicas interceptadas y de las labores de vigilancia se pudo deducir que los acusados formaban parte de un grupo criminal creado a finales de agosto de 2019 para la venta ilícita de drogas.

Entre los encausados hay una única mujer. El principal proveedor es un vecino de Aranda de procedencia hondureña aunque nacionalizado español. Seis de los siete acusados se enfrentan a un un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, para los que el Fiscal pide una pena de prisión de 8 años, 6 por el primer delito y 2 por el segundo y una multa de 48.911 euros. Al séptimo le considera autor sólo del primer delito, por lo que la petición de pena se limita a 6 años y la multa a 10.530.

 
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