Luz verde a la derivación de las personas dadas de alta que "viven" en los hospitales canarios

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno espera poner fin a la situación de las personas que "viven" en hospitales pese a tener el alta y que deberían ocupar plazas sociosanitarias. El Boletín Oficial de Canarias pública este viernes la orden de derivación a cuenta de las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales.

Según datos del Servicio Canario de Salud recogidos por la agencia EFE, hasta septiembre del pasado año este era el caso de 341 personas, de las que 254 ocupaban camas públicas en planta, 34 en Urgencias y 51 en dispositivos de salud mental. Para efectuarse la derivación, según indica el texto, se deben cumplir tres requisitos: contar con el alta médica, necesitar cuidados de atención sociosanitaria y resultar imposible el retorno al domicilio habitual.

También se debe iniciar por el procedimiento de urgencia "las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia del paciente, así como el reconocimiento del derecho a las prestaciones". Desde la Plataforma tinerfeña de Familiares y Usuarios de Residencias, Olga Rocío, asegura que los ciudadanos en esta tesitura, ocupando camas sanitarias, podrían ser muchos más sumando los centros privados: "(El Ejecutivo) ahora tiene el problema en las plazas de los hospitales públicos por todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el Covid. Pero, ¿Qué hacen con las otras personas?".

Asimismo, la portavoz señala que "hay una gran cantidad de extranjeros, de personas que ya llevan un tiempo viviendo aquí, que incluso tienen doble nacionalidad, pero que no quieren o no pueden volver a su país y por eso están aquí solos". En este sentido, indica que "a muchos no les hace mucha gracia entrar en centros sociosanitarios tal y como está la situación".

La orden que ha sido publicada busca "dar respuesta a una parte de la población que, tras el alta hospitalaria por el proceso de salud que motivó el ingreso, no puede retornar a su domicilio dado el cambio de la situación funcional (...) junto al déficit y/o ausencia de recursos humanos y materiales para su cuidado en el entorno habitual".

La norma, muy reclamada por colectivos y grupos políticos, choca frontalmente con la realidad de las islas, y es que según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en Canarias existe un déficit de 8.000 plazas sociosanitarias. Para sortear esta coyuntura, el documento abre la puerta a "posibilitar la contratación de camas sociosanitarias de tránsito en las que la persona usuaria pueda residir en tanto se le asigne la plaza sociosanitaria residencial de carácter permanente".

La norma incluye además un importante precepto y es que cuando el paciente no acepte el alta de forma voluntaria e insista en esta postura, el centro deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial para que confirme o revoque la decisión. Al respecto, Rocío insiste en que "nadie puede entrar en un centro sociosanitario de forma obligatoria" y teme la judicialización de los casos.

Esta directriz también busca acabar con el abandono familiar. De hecho, si hay sospechas de ello, el caso deberá trasladarse al Ministerio Fiscal para su investigación. Esta orden sustituye a una anterior, dictada en 2014 que además de establecer los términos de la derivación exponía "el régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros acreditados en el ámbito de la dependencia".