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Quince trabajadores de la Catedral de Burgos plantean una huelga por abuso laboral continuado

Aseguran que son víctimas de abusos de autoridad y hostigamiento

Entrada para turistas en la Catedral de Burgos / Radio Castilla

Burgos

Los quince trabajadores de turismo de la Catedral de Burgos se plantean una huelga que incluso podría ser indefinida ante lo que el secretario de organización de la Federación de Servicios de UGT en Burgos, Luis Gutiérrez, califica de “abuso laboral continuado”.

Asegura que desde que les aplicaron un ERTE al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, los trabajadores se han visto sometidos a varios casos de abuso de autoridad y hostigamiento que han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo sin ningún resultado. “Los trabajadores no aguantan más y han perdido el miedo”, asegura Gutiérrez a pocas horas de un último acto de conciliación.

Asegura que varios trabajadores han llegado a salir llorando de reuniones con la gerente contratada por el Cabildo, aunque no sabe si actúa por su cuenta o ha recibido instrucciones. La gota que ha colmado el vaso es la intención de la empresa de un nuevo ERTE a partir del 1 de abril hasta el 6 de enero de 2023, que se ha solicitado sin contar con el respaldo sindical.

El secretario de organización de FeSCM-UGT asegura que se pretende justificar el ERTE “augurando una caída del turismo que no está respaldada por ningún dato” y haciendo una comparación de datos de 2019 con los de 2021, cuando la Catedral estuvo cerrada al turismo hasta junio y desde entonces cierra todos los lunes, algo que no ocurría en 2019.

Quince trabajadores de la Catedral de Burgos plantean una huelga por abuso laboral continuado

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Luis Gutiérrez recuerda que el conflicto ya se agravó el pasado verano hasta llegar a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo en septiembre de 2021. El 4 de noviembre la Inspección requirió a la empresa que implantara un protocolo de acoso, estableciera descansos en turnos de más de seis horas, respetara horarios y turnos salvo acuerdo con los trabajadores, y habilitara vestuarios y retretes separados para hombres y mujeres. Concedió al Cabildo el plazo de un mes para cumplirlo, pero ninguna de estas medidas se ha cumplido totalmente.

En esa resolución, la Inspección de Trabajo concedió también un plazo de cuatro meses para hacer una evaluación de riesgos psicosociales y adoptar medidas, algo que ni siquiera se ha iniciado aunque el plazo finalizó el 4 de marzo.

 
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