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La Xunta se desentiende de investigar inscripción de bienes por la Iglesia

Galicia es la "segunda comunidad" de España con el mayor número de registros de propiedades por parte de la Iglesia

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La Xunta considera que corresponde al Gobierno central la "responsabilidad" de investigar la legitimidad de la propiedad de los bienes registrados por la Iglesia católica en las últimas décadas.

Así lo ha indicado la directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Xunta, Blanca García, ante una comisión del Parlamento de Galicia, en respuesta a una pregunta del diputado del PSdeG Pablo Arangüena, quien enfatizó que el Gobierno gallego "tiene competencias" y "puede hacer muchas cosas".

Arangüena destacó que en 1998 el entonces presidente del Gobierno central José María Aznar permitió que la Iglesia católica pudiese inscribir la propiedad de bienes inmuebles y señaló que en Galicia puso a su nombre, desde entonces y hasta 2015, un total de 7.131, lo que supone un 20 % del total registrado en España, pese a que esta comunidad solo tiene un 6 % del total de población y territorio.

El diputado reprochó a la Xunta que "no se molestase" en averiguar si hay irregularidades como las detectadas en otros puntos de España sobre las inscripciones de bienes por parte de la Iglesia católica, pese a que es "su responsabilidad atender a un problema" relativo a esta comunidad.

Arangüena apuntó que entre los bienes registrados en Galicia por esa entidad religiosa hay "más de 4.000 pisos, apartamentos, fincas y plazas de garaje", lo que supone casi dos tercios de propiedades que no son templos o lugares de culto.

Galicia es la "segunda comunidad" de España con el mayor número de registros de propiedades por parte de la Iglesia, dijo el diputado y cuestionó la actitud de la representante del Gobierno autonómico, porque "parece que a la Xunta no les merezca investigar" si las propiedades registradas en los últimos años "le pertenecen legítimamente".

García, ataviada con varios collares, incluido uno con una cruz cristiana, reprochó a Arangüena que pretenda entrar en una "espiral revisionista", le acusó de "tergiversar intencionadamente" y le respondió que "la responsabilidad es del Gobierno central".

Añadió que hay una comisión mixta entre el Gobierno central y la Conferencia Episcopal española, además de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la asociación de municipios y provincias FEMP para analizar esa situación.

En ese sentido, García invitó a que las personas u organismos afectados dirijan su "reclamación" a la Administración central o local o bien a los tribunales, y "poco podemos añadir desde la Xunta", concluyó.

El diputado autonómico reprochó a la representante de la Xunta que "parece que venga -al Parlamento gallego- a hacer de defensora de la Iglesia".

También le reprochó el "fervor con que defiende determinados privilegios" concedidos por Aznar y su partido, el PP, y precisó que esa formación "no tiene la culpa de todo", sino que la situación "viene del anterior régimen", la dictadura franquista, que atribuyó a esa religión unos "privilegios exorbitantes".

Sin embargo, apuntó que Aznar los restituyó parcialmente hasta que su sucesor en el Gobierno, Mariano Rajoy, los suprimió, pero no por voluntad propia, sino en base al cumplimiento de sentencias de los tribunales europeos.

 
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