Dos policías de Estepona que abusaron de una joven esquivan la cárcel por un acuerdo con la Fiscalía

Madrid

La víctima tenía 18 años y terminaba el curso. Decidió celebrarlo con un amigo y una amiga en Estepona. Fin de semana de fiesta y alcohol que terminó con el coche aparcado de madrugada cuando vieron un vehículo de la policía municipal que les hizo bajar a los tres del coche y lo inmovilizó. Los agentes pidieron el número de móvil de la víctima con la excusa de decirle a la mañana siguiente donde recoger el vehículo. Ella se negó y fue el amigo quien le dio el número. Así consiguieron ir a su apartamento cuando terminaron el turno. Allí consumieron drogas y abusaron de la joven. Le metieron los dedos y la penetraron vaginalmente sin su consentimiento.

A pesar de ello, la Fiscalía, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo que vinculó a la Audiencia de Málaga a dictar una sentencia de conformidad que les condenó a la pena mínima posible de dos años por abuso sexual y no por violación por las dudas sobre la violencia, intimidación y consentimiento y evitar así un juicio que supondría una revictimización de la víctima porque volvería a vivir lo que pasó aquella noche.

"Especialmente ebria"

Dice la sentencia que los tres amigos consumieron alcohol y que ella "no era bebedora habitual por lo que se encontraba especialmente ebria, se tambaleaba y le constaba hablar con fluidez, extremos todos ellos visibles a ojos de cualquiera". La sala también desliza en distintos pasajes la condición de policías de los agresores como elemento que impide a la víctima oponerse a la agresión.

Al pacto para fijar la pena se le suma uno segundo para conmutar la prisión por un curso de educación sexual a cambio de no delinquir en un período de tres años. Dice la sala que "los hechos son graves", pero que en delitos contra la libertad sexual "es parecer de la mayoría que la voluntad de la víctima ha de ser tenida en cuenta a la hora de valorar la concesión o no de este beneficio y en este caso ha manifestado de forma expresa y libre su decisión de no oponerse", como tampoco lo ha hecho el Ministerio Fiscal, "garante del interés público".

Por último, concluye, hay "un pronóstico de futuro en orden a la escasa probabilidad de que ninguno de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza". Este punto cuenta con el voto particular del presidente de la sala que considera -como en la sentencia del Tribunal Supremo de La Manada- que hubo intimidación ambiental, que son unos hechos muy graves y que discute el pago de la responsabilidad civil porque, dice, no lo hicieron los acusados. Lo hicieron sus padres para evitarles la prisión provisional.