Regantes exigen soluciones ante la carga económica del desglosado 3 de Rules
Insisten en que el aval de más de 7 millones de euros solicitados por ACUAES debe ser reconsiderado y que la financiación no puede recaer únicamente sobre ellos
Entrevista Maximiliano Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo
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Granada
El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto iniciar las obras del segundo gran proyecto de los riegos de Rulés, el desglosado 3, posiblemente después del verano. Sin embargo, el proceso se ve condicionado por la falta de acuerdo en la financiación de la parte que corresponde a los agricultores, que asciende a más de 7 millones de euros. A pesar de que la licitación de las obras se prevé para mayo, los regantes aún no tienen una forma de avalar esa cantidad, un requisito imprescindible para dar el visto bueno a la ejecución del proyecto.
Este jueves y tras la reunión mantenida con ACUAES el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximiliano Prados, y los regantes se quejan de que este requisito nunca fue comunicado con antelación. Según Prados, este aval implicaría un pago anual de 13.000 euros durante 30 años, una carga económica difícil de asumir por los agricultores, quienes no cuentan con los recursos suficientes para respaldar esa cantidad.
La Comunidad General de Regantes tiene prevista una junta de gobierno en los próximos días, en la que se decidirán los pasos a seguir, aunque Prados ha señalado que, sin una solución a la financiación, el proyecto sería inviable. Las negociaciones con la Junta de Andalucía también están en marcha, con la esperanza de que se consiga algún tipo de ayuda económica o subvención, como la que se otorgó para el desglosado 9, que actualmente se está ejecutando.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución mediante negociaciones, pero los regantes siguen considerando que la carga económica que se les impone es insostenible. En este contexto, se temen nuevos retrasos en el inicio de la obra, lo que afectaría a las 260 familias y 2.500 hectáreas implicadas en el proyecto.
A medida que se acercan las fechas previstas para la licitación de las obras, la incertidumbre sigue presente. Los regantes insisten en que el aval debe ser reconsiderado y que la financiación no puede recaer únicamente sobre ellos.
