Sociedad

Prisión provisional para el joven que se fugó y embistió un coche policial en la A-23 en Sabiñánigo

Este vecino de Huesca está acusado de delitos que podrían sumar penas superiores a 20 años

Coche fugado y accidente en A-23 Sabiñánigo

El Juzgado de Instrucción de Jaca número ha decretado prisión provisional para el joven de 21 años, vecino de Huesca, que chocó contra un vehículo de la guardia civil tras una larga persecución que comenzó en Huesca capital y acabó con el accidente en la rotonda sur de Sabiñánigo.

Este lunes se celebraba la toma de declaraciones de los agentes de la guardia civil agredidos la madrugada del 6 al 7 de enero, y al varón detenido tras la persecución.

La juez ha atendido la petición de prisión provisional de la acusación particular ante el elevado riesgo de fuga. La acusación particular ha solicitado su condena por delitos de tentativa de homicidio, conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia, lesiones y daños. Todas ellas sumarían penas superiores a los 20 años de prisión.

Recuerdan además que algo similar ocurrió al inicio de la pandemia con dos ciudadanos alemanes que todavía hoy se encuentran sustraídos de la justicia.

Jorge Piedrafita, abogado de Independientes de la Guardia Civil (IGC) que representa a los agentes con lesiones de distinta consideración, considera que su relato acredita que el investigado conducía sin haber obtenido nunca el carnet, circulando de forma temeraria con clara intención de embestir a los vehículos policiales para huir y, tras conseguir esto último a gran velocidad, golpeó violentamente a los agentes que tuvieron que reducirlo para poderlo detener causando nuevamente lesiones a los agentes policiales.

La acusación asegura que se mantendrá “implacable y vigilante durante la instrucción para lograr las penas máximas ante unos hechos graves que podían haber acabado con la vida de tres servidores públicos beneméritos y del resto de usuarios de la vía.”

Desde IGC consideran que es una necesidad urgente que se que se articulen los mecanismos necesarios para que guardias civiles y policías nacionales sean reconocidos como “profesión de riesgo”, tal y como ya se les reconoce a otros cuerpos policiales del territorio nacional.

 
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