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CEOE Aragón considera irreal y negativo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado

Basado, dicen, en ingresos sobrevalorados y subidas fiscales que afectan a empresas y al conjunto de los ciudadanos para sufragar el aumento del gasto

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado esta semana por el Gobierno central se basa en previsiones económicas y de ingresos completamente irreales y no responde a las necesidades del país ante la crisis que estamos viviendo. Así lo considera CEOE Aragón tras analizar sus líneas generales constatando, además, un descenso de inversión global en la Comunidad Autónoma frente al de 2018, último presupuesto aprobado y prorrogado en los ejercicios posteriores, no muy significativo, pero que ahonda en la infradotación que arrastra la Comunidad Autónoma.

Para la Confederación de Empresarios de Aragón, el Gobierno sustenta sus cuentas sobre previsiones más que optimistas de crecimiento del Producto Interior Bruto (9,8%) y tasa de paro (16,3%), que es más que dudoso que se alcancen en 2021. La realidad de la evolución de la pandemia, de las medidas restrictivas para intentar controlarla y su grave impacto en el tejido productivo y el empleo, auguran un año mucho más duro de lo supuesto por esas cifras.

Creen que resulta muy poco creíble la previsión de ingresos, empezando por un aumento del 20,7% en la recaudación del Impuesto de Sociedades (hasta los 21.720 millones de euros) cuando el previsible incremento de cierres de empresas, la necesidad de alargar o aumentar ERTEs y problemas de morosidad ante el vencimiento créditos asociados a la primera ola de la Covid-19 es lo que está encima de la mesa en el ámbito empresarial y económico. Tampoco les parece plausible recaudar un 13,9% más por IVA que este año, aunque se grave a todos los ciudadanos, con independencia de su renta, y a algunos sectores con la subida de este impuesto indirecto para las bebidas azucaradas, envases o el diesel; en este último caso también con especial afección a empresas y autónomos.

Con estas subidas se espera recaudar por IVA 2.142 millones de euros más que este año, mientras que las empresas deberán aportar 2.786 millones más sólo por Sociedades, pese a las gravísimas dificultades y descenso de actividad que sufren desde marzo y que nada hace presagiar que se supere rápidamente en el próximo ejercicio.

Por su parte, las “rentas más altas”, que según el Gobierno son las únicas a las que afecta la subida fiscal, se supone que aportarán 473 millones más al aumento de los ingresos (menos del 9%) a través de las subidas de IRPF y Patrimonio. En suma, dicen que es un aumento de ingresos más que cuestionable y que pagarán las empresas y todos los ciudadanos en una situación que requiere precisamente apoyar e impulsar el tejido productivo y, con él, el empleo.

Los gastos, la parte más segura del proyecto de presupuestos, crece un 33,3%. Sin embargo, se prevé una reducción del déficit del 11,3% al 7,7%, muy poco compatible ausencia de medidas para reforzar la eficiencia del gasto y de reforma, nuevamente aplazada, de la Administración Pública. Así las cosas, frente a los esfuerzos y recortes del sector privado –empresas y trabajadores – el Gobierno apuesta para el sector público por unos presupuestos anticíclicos, más en línea con los que retrasaron la salida de la anterior crisis económica que con lo que necesita actualmente el país.

En cuanto a la inversión prevista para Aragón, supone un 4,2% del total, muy por debajo del peso territorial de la Comunidad Autónoma y, por tanto, de lo que le correspondería en infraestructuras y servicios de todo tipo para vertebrar adecuadamente una Comunidad cuyas cifras de despoblación hacen que este ratio sea profundamente injusto para calcular su asignación.

La inversión global del estado en Aragón se cifra en 504,28 millones de euros, un 1% menos que en los últimos presupuestos aprobados en 2018, a los que ya se criticó por infradotación, pese a que se lograron algunos incrementos en los trámites parlamentarios. Se preasignan, además, a Aragón unos escasos 138 millones de los fondos de recuperación de la Unión Europea (0,7%).

Sí se recogen partidas para infraestructuras carreteras muy reivindicadas como A-21, A-22, A-23 o A-68 y para actuaciones en el apartado ferroviario como el tramo Zaragoza- Teruel del eje Cantábrico-mediterráneo y el paso fronterizo de Canfranc, pero retrasando varios plazos de ejecución y finalización.

 
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