CEOS entiende que Aragón y Cataluña deberían colaborar en la candidatura olímpica invernal

La Junta Directiva de CEOS-Cepyme Huesca se reunía con el objeto de tratar diferentes temas de interés para el mejor desarrollo del tejido empresarial de la provincia, y por otra parte, dar cuenta de las gestiones realizadas en el seno de la Confederación. Uno de los temas tratados en la reunión fue el importante impacto para el desarrollo socioeconómico que tendría la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Pirineos. En este sentido, se entiende necesario que la candidatura española sea conjuntamente de Aragón y Cataluña.

Por otro lado, ante la carencia de mano de obra cualificada, cada vez más demandada por las empresas, se continúa en la línea de trabajo de dignificar los oficios o profesiones en general y de prestigiar como se merecen los estudios de Formación Profesional, insistiendo en la necesidad de establecer una colaboración público-privada desde el ámbito empresarial con las Administraciones Públicas para trabajar conjuntamente en esa dirección.

Con respecto al estado de las negociaciones de convenios colectivos sectoriales en la provincia, hay una gran preocupación ante el incremento del IPC registrado en 2021, de un 6,5%, pues las empresas no pueden asumir incrementos salariales de esa cuantía, habida cuenta de que en años anteriores se han estado incrementando los salarios en convenio por encima de lo que subía el IPC y la situación actual es extremadamente delicada por el impacto negativo en el desarrollo de las empresas que ha tenido la pandemia de la covid-19, y la subida de los costes de producción tanto energéticos como de materias primas. Por otro lado, un excesivo incremento salarial en convenios produce una espiral inflacionista y como resultado el IPC crece más de lo recomendable, lo que produce justo el efecto contrario que se pretende, que no es otro que el de mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Cabe recordar que los convenios colectivos laborales son acuerdos de mínimos, por lo que las empresas con mejores resultados pueden establecer condiciones más beneficiosas ya que tienen margen para hacerlo, sin que el conjunto de las mismas se vean asfixiadas para asumir las condiciones pactadas que pueden resultar inaccesibles para determinados sectores o empresas que estén atravesando dificultades.

Por último, se insistió una vez más en la necesidad de valorar a las empresas como un ente social de primer orden, pues crean riqueza y la distribuyen a través de la creación de empleo y del abono de los correspondientes impuestos. Son garantes de principios de responsabilidad social y pilares principales en el desarrollo socioeconómico del territorio.