El personal interino se manifiesta para pedir convocatorias que fijen empleo público

Más de medio centenar de trabajadores interinos se concentraban este jueves ante la sede de la Subdelegación del Gobienro en Huesca para denunciar la temporalidad en los trabajadores de las administraciones públicas. Lo han hecho en ciudades de toda España. El sindicato STEPA estima que solo en la administración autonómica más de 17.000 interinos (2 de cada 3) se encuentran en fraude de ley. A nivel municipal, en el Ayuntamiento de Huesca, estiman que llega al 30%.

Nieves Gude pertenece a la Asociación de trabajadores interinos del Ayuntamiento de Huesca

GUDE INTERINOS 14

Denuncian que todas las Administraciones Públicas mantienen niveles de temporalidad que no son permitidos en la empresa privada y siguen sin cumplirse la Directiva Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligan a sancionar el fraude de ley de miles de trabajadores que llevan años, y hasta décadas, cubriendo plazas estructurales con contratos temporales.

Aunque la Ley establece que la temporalidad en todas las administraciones públicas no puede superar el 8%, según los últimos datos oficiales del Gobierno de Aragón, del pasado junio, de las 57.047 personas al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón eran temporales 26.855 (47,08%). Entre las administraciones locales, los datos son similares y según cálculos sindicales, la temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza es del 24% y en el de Huesca llega al 30%.

STEA añade que una parte muy importante de todo este colectivo (aproximadamente dos tercios) está contratada en abuso de temporalidad, incumpliendo así la normativa europea y  amenazados por un cese laboral sin indemnización por los planes de convocar ofertas de empleo público sin consolidar previamente a estos trabajadores. Según los cálculos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), es el caso de un tercio de la plantilla total de la Administración autonómica de Aragón: más de 17.000 trabajadores.

Según datos de la DGA, la mayor tasa de temporalidad la sufre Sanidad con el 51 %. Le siguen Administración General y Educación con el 46% y el 44 % respectivamente. Y no para de aumentar a pesar de que en 2017 se propuso no sobrepasar el límite legal del 8 %.

Los sindicatos y colectivos que se manifestaban este jueves reclaman al Gobierno central una solución legislativa que haga justicia con los trabajadores temporales de las Administraciones que durante años, incluso décadas, están sosteniendo los servicios públicos en situación de precariedad laboral. Corresponde al Gobierno transponer la Directiva Europea 1999/70/CE en el sector público, de la misma forma que se ha hecho en el Sector Privado y evitar  la precariedad en el empleo público garantizando el derecho a la estabilidad con la fijeza, como medida disuasoria de sanción al abuso y evitar que se vuelva a repetir esta situación mediante un dispositivo de inspección similar al dispuesto en el sector privado que sanciona las contrataciones abusivas.