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El PP alerta de las consecuencias de una nueva regulación de las casas de turismo rural

Según los populares, más de 1.500 casas de turismo rural en Aragón se verían afectadas y algunas desaparecerían

Ricardo Oliván, portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, alertaba este lunes sobre las consecuencias negativas que para el turismo rural y en concreto para los alojamientos, tendrá la normativa que actualmente prepara el gobierno que preside Javier Lambán.

La nueva legislación que desde hace meses está en fase de información pública, ya ha recibido numerosas críticas de buena parte de los propietarios y gestores de este tipo de establecimientos, además de varias sugerencias del Consejo Económico y Social de Aragón, tal y como recoge un reciente informe de éste organismo.

Olivan defendió la necesidad de que el Gobierno de Aragón actualice el decreto regulador de esta actividad, con más de dos décadas de vigencia, pero entiende que la Administración autonómica debe aprobarlo de acuerdo con el sector y siempre para mejorar la calidad y el servicio, conjugándolo con el positivo papel de sostenibilidad demográfica que este tipo de establecimientos aportan a las zonas más despobladas de la Comunidad Autónoma. La aprobación del decreto, tal y como está redactado actualmente, supondría la desaparición de algunas de estas viviendas debido a que los requisitos exigidos son muy parecidos a los que la Administración demanda a un hotel, pese a que se trata de conceptos de alojamiento y fórmulas de gestión muy diferentes.

“La normativa que pretende sacar el Gobierno de Aragón supondría un duro golpe para el sector, supondría un duro golpe para las rentas de los propietarios, que no son ni mucho menos rentas exageradas, y sobre todo supondría un duro golpe en todo lo relacionado con lo que es el mantenimiento de la población en el medio rural, una de cuyas fórmulas es el desarrollo del turismo rural”, afirmó el portavoz del PP. Y respaldó su opinión con cifras: 1.545 casas rurales estarían afectadas por la modificación propuesta por el Gobierno, lo que se traduce en 11.000 plazas, es decir, una de cada cuatro plazas de la oferta de alojamiento turístico que existe en Aragón.

Inversiones en adecuación de espacios, incremento sustancial en la cartera de servicios, modificaciones de carácter arquitectónico en algunos casos imposibles de cumplir al tratarse de viviendas ordinaras rehabilitadas para el alojamiento, o la regulación de la calidad de los establecimientos siguiendo estándares de la gestión hotelera sin atender al valor añadido que ofrecen las casas rurales en cuanto a ambiente singular, atención preferente del propietario o ubicación del establecimiento, son las quiebras fundamentales de la norma en preparación.

Por ello, Ricardo Olivan pidió “reflexión” al Gobierno de Aragón y “escuchar y no solamente oír. A los propietarios, a las comarcas y a las diputaciones. Cambiar el decreto, hacerlo acorde a las posibilidades de los propietarios, hacerlo acorde a la idiosincrasia del turismo rural y si no es así se habrá cometido un grave error que tendrá un alto precio y unas graves consecuencias para los propietarios, para las casas, para las poblaciones donde se ubican y en definitiva para el medio rural aragonés”, concluyó.

Antes de adoptar cualquier iniciativa parlamentaria, el Partido Popular va a esperar las explicaciones en las Cortes de la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, cuya comparecencia está solicitada por los populares y es previsible, salvo cambio de última hora como ya sucedió el pasado mes de marzo, que se produzca el próximo 25 de abril.

 
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