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El Transporte Sanitario de Aragón cuantifica en 412.000 euros las sanciones económicas por los incumplimientos de la empresa Acciona

En un escrito se pretende dar a conocer a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón los diferentes hechos “de una gravedad incuestionable”

El sector del Transporte Sanitario Urgente de Aragón alerta en un escrito presentado ante la Fiscalía de los numerosos incumplimientos que se están acometiendo por parte de Acciona, empresa adjudicataria del servicio Acciona. En el escrito presentado al registro general este viernes se especificaban todos los incumplimientos, así como las penalidades económicas según el Pliego de Cláusulas Administrativas llegando a un montante global de 412.000 euros que Acciona debería desembolsar al Gobierno de Aragón.

En el escrito se pretende dar a conocer a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón los diferentes hechos “de una gravedad incuestionable” que están acaeciendo en el sector del Transporte Sanitario Urgente de Aragón. El motivo principal de esta reclamación es la desactivación concurrente de ambulancias de emergencias a lo largo de todo el territorio aragonés, de forma parcial o total.

Desde el sector y sindicato se quiere dejar constancia de que Acciona, en los últimos meses, ha dejado de cubrir puestos de trabajo estructurales para el servicio del transporte sanitario de urgencias y emergencias de Aragón de Médicos, DUE y Técnicos de Emergencias Sanitarias por todo el territorio aragonés. Como consecuencia de ello, los respectivos vehículos han dejado de prestar “un servicio sanitario básico y esencial poniendo en riesgo la atención vital de los ciudadanos aragoneses”.

De igual manera en la documentación presentada se adjuntaban aquellos documentos que se han registrado en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sobre la falta de personal y el incumplimiento de los pliegos de bases de ambulancias convencionales.

Por todo esto se ha hecho una estimación económica de aquellas sanciones que podría imponer el Gobierno de Aragón ante estos incumplimientos. Unas penalidades económicas que alcanzan el monto global de 412.000 euros.

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