La Generalitat pide suspender el juicio por los 111 bienes de las parroquias altoaragonesas

La Generalitat de Cataluña ha solicitado suspender el juicio por los 111 bienes de las parroquias altoaragonesas en depósito en Lérida, previsto para los días 16 y 17 de mayo en el Juzgado número 1 de Barbastro. A menos de dos semanas de la celebración del juicio, la Generalitat solicita ser parte coadyuvante, ya que plantea que no está personada en la causa, a pesar de presidir el Consorcio del Museo de Lérida, una de las partes junto al Obispado de Lérida a las que se dirige la demanda civil interpuesta por el Obispado de Barbastro Monzón para recuperar las piezas de arte.

Los letrados de la Generalitat plantean la suspensión del proceso puesto que no han podido presentar alegaciones. De momento, el juzgado barbastrense ha rechazado su solicitud por un defecto de forma. A partir de ahora, el Gobierno catalán cuenta con un plazo de 10 días para subsanar dicha solicitud, y después el Obispado de Barbastro Monzón tendrá otros cinco días para alegar a la mencionada petición.

Joaquín Guerrero, letrado de la diócesis de Barbastro Monzón, manifestaba su sorpresa porque “la Generalitat dice que se ha enterado ahora de que hay un juicio pese a que preside el Consorcio del Museo, en cuyas actas ha quedado constancia de este proceso judicial”. Guerrero considera que la Generalitat podría sumarse “a partir de ahora al proceso judicial”, una vez que ya han terminado los plazos para presentar pruebas ni testigos.

NO JUICIO 1

Desde el Obispado de Barbastro Monzón estiman que la petición de la Generalitat no debería suponer la suspensión del juicio. Entre otras cuestiones, porque “los plazos están muy ajustados”, y cuando se resuelva la petición de la comparecencia y las alegaciones, el juicio ya tendría que haberse celebrado. “Además, no tiene sentido suspender un proceso que está en marcha porque pueden alegar al finalizar el juicio”, añadía el letrado Joaquín Guerrero.

NO JUICIO 2

Por todo ello, el letrado de la diócesis altoaragonesa considera que este último movimiento legal de la Generalitat de Cataluña constituye “un nuevo intento, que no es el primero ni el segundo, de alargar el asunto”, aunque expresaba que “el hecho de que la Generalitat quiera alargarlo no quiere decir que lo pueda lograr ni que le vayan a hacer caso”.

NO JUICIO 3