Olona considera decepcionante la propuesta filtrada de la Comisión Europea para reformar la PAC

El pasado 26 de abril, se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, cree que el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que se hacen desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que les sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.

Para Olona han fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria y ahora la Comisión Europea insiste con una nueva figura: la del "agricultor genuino". En realidad, el borrador no lo define sino que dice que "deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial". Añade que "los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros". En este sentido, el consejero valora que se introduzca la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, si bien considera que "nos encontramos ante un concepto que es lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos, resulte tan inútil o más como la de agricultor activo".

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico, lo que "permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos", y lo que es más importante "impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales, así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo".

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por "hectáreas admisibles". Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

La posibilidad de financiar el pago a los "pequeños agricultores" con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Si bien, establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping) teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, Olona considera que la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, "no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz".