Según el INAGA no hay legislación que impida la proyectada ubicación de la Planta de Biomasa de Monzón

El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) Jesús Lobera ha respondido en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad sobre la tramitación de la Declaración Ambiental Integrada para la ubicación de una planta de biomasa de 170 megawatios en Monzón. Lobera ha afirmado que si se cumplen las emisiones previstas no hay afección para la salud, que no hay ninguna norma legal en la actualidad que impida su ubicación a 600 metros y que hasta el momento no han recibido ninguna petición de Solmasol (Forestalia) para plantar chopos, que es la principal materia que se quemaría. En este sentido recordaba que según el proyecto los chopos tienen que tener dos años mínimo y estar en un radio de 60 kilómetros. En caso de cambiar las materias que se habían anunciado no valdría la actual declaración y , por tanto, habría que empezar de cero y hay que señalar que la concesión del Ministerio de Industria para la producción de energía implica que tiene que estar en marcha en el año 2020.

Lobera indicaba que no hay actualmente ningún impedimento legal para ubicar la industria a 600 metros del casco urbano, ya que es competencia municipal, por tanto les pidió a los diputados que si quieren evitar casos como éste que legislen. El director gerente ha recordado que, tras las solicitudes, en octubre de 2015, del Ayuntamiento de Monzón y de Ecologistas en Acción en Huesca, se produjo una revisión de oficio de la autorización medioambiental integrada que no afectaba a la totalidad de la autorización, solo al plan y al control de emisiones. Una vez resuelto este asunto, la planta no tiene problemas de emisiones si se aplican las medidas previstas.

La comparecencia era solicitada por Patricia Luquin del Grupo Mixto (IU) y Marta de Santos de Podemos. La primera ha seguido insistiendo en los problemas de salud para los montisonenses en caso de su instalación y anunciaba que iba a pedir la comparecencia del Director General de Salud Pública para que ratifique la aseveración de que no hay problemas con las emisiones.

Marta de Santos se mostró muy preocupada e insistió que no se han hecho bien los estudios de dispersión de contaminantes y dijo que no hay que crear empleo a costa de la salud, recordando el caso de Inquinosa.

Miguel Ángel Navarro, que ha representado al PP en esta comparecencia, explicaba que la legitimidad de los técnicos, con criterios amparados en la Ley, está por encima de todo. “Debemos dar ejemplo”, ha añadido en forma de crítica a los grupos proponentes. “Qué clase de políticos seríamos si cuestionáramos los informes. Podemos e IU lo hacen en forma de acusaciones de prevaricación. Algunos no tienen claro lo que es Ley y lo que no”, ha defendido este portavoz.

El socialista Enrique Pueyo ha agradecido “todo el detalle sobre el procedimiento administrativo seguido”. “Ahora son otras instituciones o los juzgados los que tendrán que dirimir el futuro de esta planta”, ha añadido sobre el trabajo ya realizado por el INAGA en sus competencias. En opinión del portavoz del PSOE, “está claro dónde está la situación estos momentos y qué queda por hacer”. “Agradecemos su diligencia con este y todos los temas que llegan al Instituto”, ha añadido.

La voz del PAR en esta comparecencia la ha expresado Lucía Guillén. “No sé si a base de insistir Podemos e IU se piensan que van a cambiar algo. Solo buscan remover a la gente”, ha manifestado esta portavoz. Por eso, ha asegurado que “ya la primera evaluación estableció unas medidas que se ampliaron en la segunda”. “Lo que hacen es poner en entredicho la profesionalidad de los funcionarios”, ha criticado Guillén.

El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha valorado la comparecencia porque “los aspectos técnicos han quedado claramente explicados”. “Han aplicado procedimientos tasados, han revisado de oficio y la autorización está en vigor. En definitiva, se ha aplicado la normativa, incompleta o no incompleta”, ha explicado este portavoz. Para él, con esta petición de comparecencia, “se ha jugado a tergiversar porque la biomasa es una energía renovable”.

En la actualidad hay tres contenciosos en marcha dos contra la Autorización Ambiental Integrada y su revisión y otro contra el acuerdo del ayuntamiento de Monzón.