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Los históricos lazos de Canarias con Venezuela entran en el debate sobre la ley de residencia

18/02/2025

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Los históricos lazos de Canarias con Venezuela entran en el debate sobre la ley de residencia

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Coalición Canaria (en coalición en el Ejecutivo autonómico junto al Partido Popular) ha lanzado la posibilidad de impulsar una ley de residencia. El primero en hacer esta apuesta en los últimos tiempos ha sido el expresidente del Cabildo de Tenerife y candidato a las elecciones europeas Carlos Alonso. Durante la campaña argumentó que es necesario "limitar el impacto del crecimiento poblacional" y para ello propuso aumentar la tributación (no retroactiva) a los nuevos residentes o imponer más cargas fiscales en la adquisición de segundas viviendas por parte de no residentes".

Todos los partidos políticos del Archipiélago son, no obstante, conscientes de las dificultades jurídicas que entrañaría una Ley de Residencia en el marco de la Unión Europea. Socorro Beato, diputada de Coalición Canaria, cree que es necesario analizar y "pelear" esta vía porque el Archipiélago es "un territorio limitado, con unos recursos limitados y unos medios limitados". Aunque admite el choque con la normativa comunitaria, donde impera la libre circulación, destaca que el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea "establece que las políticas europeas se tienen que modular a las circunstancias de las Regiones Ultraperiféricas".

Más escéptica se ha mostrado la también diputada de Coalición Canaria y vicepresidenta del Parlamento autonómico, Ana Oramas. En declaraciones a Radio Club Tenerife ha explicado que "hay más de 350.000 venezolanos, muchos viviendo en Estados Unidos, a los que se acaba la autorización a partir de septiembre" y se pregunta: "¿Cómo vamos a decir nosotros a gente de Venezuela que huye de lo que está huyendo, si quieren venir a Canarias? Canarias es lo que es gracias a cientos de miles de personas que se fueron a trabar a Venezuela".

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    El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), zanja la polémica. El Ayuntamiento no está trabajando para que los comercios de todo el término municipal puedan abrir cualquier domingo del año. La controversia está instalada entre los propios socios de gobierno ya que el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), sí apuesta por la apertura durante todos los domingos, desde Añaza hasta Almáciga. Así lo ha explicitado en distintas entrevistas en medios locales a lo largo de los últimos meses. La polémica ha llegado también por el rotundo rechazo de sindicatos e incluso representantes del comercio. Esta apertura dominical total vendría con la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a Cabo Llanos. "Santa Cruz ya es una gran capital porque en Santa Cruz ya se puede abrir los domingos", ha explicado el alcalde en Radio Club Tenerife en referencia al centro de la ciudad. Ha añadido que esta posibilidad se extiende a todos los locales de menos de 300 metros en el conjunto del término municipal.

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    Fue el 22 de octubre de 2021 cuando la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE), decidió retirar el escaño a Alberto Rodríguez, entonces integrado en las filas de Unidas Podemos. El ahora líder de Drago Canarias fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y quince días de prisión, pena que sustituyó por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo de 45 días, por golpear a un policía durante una manifestación en La Laguna en 2014.Sin embargo, en enero de 2024 el pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo del exdiputado y reprendió al Supremo, por 7 votos a 4, por mantener como pena accesoria la inhabilitación que comportaba la pérdida del escaño. Ahora, Rodríguez reclama una indemnización de 134.000 euros al Congreso de los Diputados según adelantó El País. Esta cantidad responde a los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021 hasta el fin de la legislatura, en mayo de 2023. La Cámara ha decidido trasladar al Consejo de Ministros la decisión sobre esta compensación económica al ser este el órgano competente según un informe de la asesoría jurídica.

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