Los españoles no somos parte del conflicto de Sacyr

El rápido viaje de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Panamá indica que, al menos, hay un miembro del gabinete que conserva los reflejos políticos. La ministra, que no perdió un minuto en entrevistarse con el presidente de Panamá, recién bajada del avión, aseguró que la empresa española Sacyr se compromete a tramitar todas las reclamaciones sobre el precio de las obras para ampliar el canal "dentro de los cauces establecidos por el contrato". La verdad es que otra cosa hubiera sido asombrosa, porque está meridianamente claro en ese contrato que las dos partes se someten a un modelo arbitral determinado. Es decir que sobraron completamente las bravuconadas y amenazas de Sacyr de parar las obras. Lo importante, sin embargo, no fue lo que dio la ministra, sino lo que dejó claro el embajador Jesús Silva: el gobierno español no contempla, en ningún caso, facilitar ayuda financiera para resolver el conflicto, porque el gobierno español no es parte de él, en ningún supuesto. De eso se trata: de que le quede claro rápidamente a las dos partes que este asunto no va terminar cargándose sobre las espaldas de los contribuyentes españoles, ni tan siquiera en una pequeña parte, ni como crédito, ni como adelanto, ni como garantía, ni como nada de nada. Eso es sobre lo que tenemos que estar todos muy vigilantes, por la cuenta que nos trae.