El Consell de Ibiza cree que puede haber hasta 4 delitos en la contratación de Amadiba en la pasada legislatura

Ibiza

El gobierno del Consell de Ibiza lleva a los juzgados y a la Fiscalía Anticorrupción los servicios acordados en la pasada legislatura con la entidad social Amadiba porque se podrían haber cometido hasta cuatro delitos: negociaciones prohibidas, fraude, falsedad documental y prevaricación.

Es lo que sostiene un informe de los servicios jurídicos de la institución para tratar de dar respuesta a la reclamación de la que se viene hablando en los últimos años de 2,2 millones de euros presentada por esta entidad al actual equipo de gobierno por los trabajos realizados en la atención a personas discapacitadas y a menores. El Consell paraliza el procedimiento administrativo que se seguía para intentar pagar estas facturas, al considerar que hay "tal cúmulo de irregularidades que exceden del ámbito administrativo", dice el vicepresidente, Mariano Juan, que hoy ha presentado los resultados del dictamen, que deben sustanciarse en los tribunales.

El informe de 140 páginas señala que entre 2015 y 2019 el anterior gobierno presidido por Vicent Torres, con Lydia Jurado como consellera de Servicios Sociales y Judith Romero como directora insular de Igualdad, encomendaron servicios a Amadiba de manera verbal sin procedimiento alguno, ni ordinario ni extraordinario. Pero además, la entidad aporta como prueba de que prestó el servicio dos contratos, al menos uno de ellos con la firma de Jurado, según han reconocido dirigentes de Podemos ante la Oficina Anticorrupción, que se habrían fabricado "de manera fraudulenta" después de que el Consejo Ejecutivo los denegara, “no tienen tramitación alguna, meses antes se intentaron tramitar, pero se archivaron”, apunta Juan. Aquí es donde según una de las conclusiones del dictamen se habrían cometido hechos presuntamente delictivos.

En el informe se habla de presiones del expresidente a una funcionaria para abonar facturas a Amadiba que carecían de tramitación. También se destaca dice que Juan, que “una de las personas que participa en esta trama, en las contrataciones trabajó posteriormente paras la entidad social, con lo que incumplió la ley estatal de incompatibilidades y el código ético del Consell".

El vicepresidente del Consell dice que "el fin nunca justifica los medios". Asegura que se ha intentado contrastar con Torres las actas notariales aportadas por Amadiba, encuentros documentados del gobierno insular con las familias en los que se reconocía la deuda, para justificar los servicios prestados, pero que Torres se ha negado a dar explicaciones,. En el caso de Jurado y Romero, en sus alegaciones han alegado “buena fe, pero la realidad es que en el departamento de Servicios Sociales nadie reconoce estos encargos”, dice el vicepresidente insular.

Juan afirma que se prescindió "groseramente" del procedimiento administrativo y recuerda que los contratos verbales están expresamente prohibidos por ley. “Todos los contratos de servicios sociales necesita concurso o publicidad a través de un concierto o una contratación, porque no estamos ante un contrato menor”.

El vicepresidente dice que el ámbito judicial es la última oportunidad para que esta reclamación pueda abonarse a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda o con omisión de la función interventora.

Lamenta que se "engañara y se generaran falsas expectativas" que han llevado a este bloqueo y destaca que los servicios contratados legalmente con Amadiba se está prestando y pagando. Asegura que no se puede hablar de buena fe “sabiendo que no se podrán cobrar los servicios prestados”.

Concluye que su línea de actuación ha sido siempre la de “hablar claro, con honestidad, tratando los temas con seriedad y este tema merece una respuesta y que se aclare”.

Mensaje a las familias

Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, lanza un mensaje de tranquilidad a las familias, recalcando que la colaboración con la entidad seguirá siendo “estrecha”. Dice que nada más llegar al gobierno se puso orden en las contrataciones y se han tramitado dos conciertos con la entidad “que posibilita que a día de hoy se realicen los paganos en tiempo y forma por los servicios que presta”.