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Baleares, primera comunidad que elimina su oficina anticorrupción

Saca adelante con los votos de PP y Vox la ley de transparencia que cierra este organismo. Tiene 207 denuncias abiertas. De las 522 tramitadas, 301 fueron anónimas

PALMA DE MALLORCA, 26/03/2024.-La presidenta del gobierno de Baleraes Marga Prohens, este martes durante el pleno del Parlament Balear, que debate la proposición de Ley de Transparencia que supondrá la eliminación de la Oficina Anticorrupción.-EFE/ Miquel A. Borràs / MIQUEL A. BORRÀS (EFE)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.

El PSIB, que ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar "por venganza" y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares".

El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total". Para el socialista, al eliminar las sanciones "da igual" falsear el registro de bienes y actividades.

El diputado del PP Mauricio Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSIB emplee "casos de corrupción de hace muchos años" para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado "oficina socialista de persecución de la oposición". El 'popular' ha asegurado que las declaraciones de bienes y activiades seguirán siendo "obligatorias y accesibles".

El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina "no fue especialmente brillante" en materia de prevención en relación al caso Koldo y la compra de mascarillas.

"Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad", ha señalado.

Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, unos 200.

Expedientes tramitados por la oficina anticorrupción

Se cerrará con 207 asuntos pendientes. 14 de este año, 82 del año pasado, 58 del 2022 y 53 del 2021. Además hay 19 que ahora mismo están en proceso de investigación.

En total desde que se puso en marcha ha tramitado 522 denuncias. La gran mayoría, anónimas: 301. De ahí la importancia de que a partir de ahora no se pueda mantener el anonimato en estos casos.

Del total de denuncias tramitadas, 221 han tenido como denunciado a ayuntamientos. En segundo lugar están empresas y entidades privadas con 52 seguido de entidades públicas con 49 y el Govern con 41.

Con respecto a la materia, la más numerosa ha sido la de función pública con 71 denuncias, 60 relacionadas con la contratación y 51 por prevaricación urbanística. De hecho, de las denuncias pendientes hay 20 por este motivo, prevaricación urbanística y 19 por prevaricación

 
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