El médico forense no ve impedimentos para que el exmagistrado Salvador Alba ingrese en prisión

Las Palmas de Gran Canaria

El médico forense no ve impedimentos para que Salvador Alba ingrese en prisión. Después de que el exjuez recusara a la primera perito judicial que le examinó, el nuevo dictamen forense concluye que sus patologías no impiden que el hoy ex magistrado pueda ingresar en un centro penitenciario, tal y como alegaba el propio Alba.

El informe forense, que describe los procesos patológicos que presenta el informado, concluye que estos “pueden ser resueltos o controlados con el tratamiento médico adecuado, no revistiendo riesgo vital en el momento actual ni condicionando limitaciones significativas en la autonomía personal del condenado”.

A juicio de los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, organismo comisionado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para realizar el informe tras la recusación de las forenses de Las Palmas, “no se objetivan contraindicaciones que impidan al informado llevar a cabo su tratamiento en un centro penitenciario, donde además se podrá realizar un control y supervisión estrechos de dicho tratamiento y del estado clínico del condenado por parte del propio personal médico y sanitario del centro, sin perjuicio de la necesidad de trasladar al interno eventual o periódicamente para su valoración por especialistas en centros sanitarios externos”.

Según ha informado el TSJC, de forma global, el peritaje elaborado por los médicos de la administración pública sobre Alba reseña: “no se objetivan enfermedades graves y con padecimientos incurables que contraindiquen el ingreso del informado en un centro penitenciario”.

La Sala de lo Penal del TSJC, que ayer recibió el informe del IML de Tenerife, dio traslado de inmediato del mismo al fiscal y a las demás partes personadas en la ejecutoria de la condena a Salvador Alba, otorgándoles un plazo de tres días para que informen sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad solicitada por el exjuez en referencia a la condena a seis años y seis meses de prisión y 18 de inhabilitación que le impuso la Sala de lo Penal del TSJC el 10 de septiembre de 2019, y que confirmó la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de noviembre de noviembre de 2021 como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.