La apoderada de Adelfas 24 confirma los pagos en efectivo de San Ginés por su vivienda

Arrecife

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha explicado por qué el abogado Felipe Fernández Camero, representante de la empresa Adelfas 24 SL, se negó a declarar, el pasado viernes, en el marco de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife sobre la venta de una vivienda a San Ginés por parte de la citada empresa y presuntamente por "un precio inferior al del mercado y como contraprestación a su complicidad con el abogado Ignacio Calatayud, yerno de Camero, en los cobros presuntamente irregulares realizados por el letrado en perjuicio del Consorcio del Agua e Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) por importe cercano a un millón y medio de euros en dos años".

Según San Ginés, Camero no declaró "probablemente porque no tenía nada nuevo que añadir a lo que ya antes sí había declarado su hija Juana Fernández, apoderada de Adelfas 24 SL, quien sí corroboró al completo todos los pagos, tal cual ya expliqué en su día sobre las entregas en efectivo de 95.000 euros".

Pedro San Ginés añade que no le preocupa "en absoluto" que se asegure que no hay ninguna prueba del dinero entregado. "La prueba está en los bancos y en el informe económico que acreditará fehacientemente la totalidad de los préstamos que realicé a mi hermano por valor de 270.000 euros, de los cuales, me devolvió 85.000 euros en efectivo y los otros 10.000 los saqué del banco (en total, 95.000 euros en efectivo), lo que sumado a las transferencias bancarias, hacen el total de 360.000, que pagué por encima del precio del mercado".

Por otro lado, San Ginés señala que ese mismo viernes tuvo lugar una declaración que le exculpa de los acuerdos en cuanto a los pagos al abogado Ignacio Calatayud. Afirma que el que fuera administrador concursal de Insular de Aguas SA (INALSA), Pedro Martín testificó "asumiendo de forma lapidaria toda la responsabilidad y exonerándome por completo de los acuerdos en cuanto a las costas procesales que Calatayud cobró de las empresas privadas que perdieron los incidentes".