Opinión

Sobre el litigio inacabable de Victoria Rosell

EL ENFOQUE 23 ENERO

02:28

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Santa Cruz de Tenerife

Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la violencia de género, tendrá que declarar como querellada, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. El litigio abierto entre la jueza y su ex empleada se arrastra desde hace ya años, con extraordinaria inquina tratándose de un procedimiento de escasas enjundia (el origen del pleito es una denuncia presentada por Chambí alegando que cobró parte de su trabajo en negro), y de hecho, esta es ya la tercera vez que Rosell y Chambí se verán las caras en los tribunales. En la primera, Rosell consiguió una sorprendente sentencia exprés, dictada el día siguiente al juicio, en marzo de 2021, en la que se justificaban como un regalo los 1.600 euros que Rosell entregó a Chambi en los meses de enero, febrero, mayo y junio de 2015, cuando –según Chambí- era empleada suya y del periodista Carlos Sosa, pero carecía de contrato.

Pero lo que llama la atención de este caso, de esta sucesión de denuncias entre la Delegada y su empleada es la existencia de una animadversión entre ambas que parece rayar en el odio cerril, una voluntad de exterminio judicial que en el caso de Chambí -una inmigrante humilde, con escasas cultura y sin medios para litigar, según la descripción de su abogado- sólo se explica como respuesta a la convicción de haber sido injustamente tratada. Me atrevo a aventurar que es difícil que alguien que responda a lo que parece ser Chambí, se embarque en un litigio de esta envergadura, contra una mujer con poder e influencia, respaldada políticamente y con los medios y recursos de comunicación de Carlos Sosa a su servicio, si no se sintiera humanamente humillada. Estafada por la rapidísima sentencia que consideró lo que a cualquiera parecería un pago por servicios prestados como “un regalo”.

A estas alturas, lo más lógico sería que este asunto estuviera ya más que resuelto hace tiempo con un acuerdo entre las partes. Supongo que el problema para llegar a un acuerdo, es la fijación que a veces tienen algunas personas con poder –y es obvio que Rosell lo ha tenido y aún lo tiene- de no aceptar jamás haber hecho algo mal. Ni siquiera algo tan común y tan pedestre como tener unos meses sin contrato a alguien que presta servicio en casa. Este asunto debía haberse resuelto con una indemnización que Rosell podía sin duda permitirse. Si el asunto sigue rodando, cada vez con más inquina, hasta el extremo de pedir que la magistrada en excedencia acabe en prisión, es porque en esta historia se optó por destruir al más débil, antes de reconocer privadamente lo que parece obvio: que Rosell y Carlos Sosa hicieron con su empleada lo mismo que Echenique hizo con el suyo.

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