Sobre el concierto catalán

El acuerdo pactado para crear un concierto catalán, similar al vasco o al navarro (aunque Sánchez ya lo firmó con Esquerra hace un año, para que saliera su propia investidura), tiene difícil un encaje imposible tanto en nuestro ordenamiento constitucional como en el fiscal. No creo que lo primero –la falta de encaje en la Constitución del concierto- preocupe demasiado a Sánchez, pero lo de la fiscalidad es muy diferente. El acuerdo –si llega a cumplirse- supone traspasar a la agencia tributaria catalana la recaudación del total de los ingresos fiscales por renta, IVA y beneficios empresariales. Si ese dinero deja de distribuirse solidariamente entre las regiones más pobres, algunas recibirían hasta un 30 por ciento menos de transferencias del Estado. Por eso se ha liado, por eso las regiones andan levantiscas, por eso Sánchez ha dicho después que va a resolver el roto, mejorando a todas lo que reciben del Estado. Eso implica repartir un dinero que no existe. El regalo supondría aumentar el gasto público en unos 30.000 millones –el dos por ciento del PIB español-, provocando un agujero anual similar al de la Seguridad Social, y la imposibilidad de hacer frente a la deuda.

España ya tiene un déficit público del tres por ciento, de carácter estructural, que en un par de años se doblaría si Sánchez reparte todo ese dinero para disimular lo del Concierto. Si lo hace, España tendrá que ser intervenida por Europa, y cuando eso ocurra, cuando los hombres de negro vengan a apretarnos el cinturón donde siempre se aprieta, en Sanidad, en Educación y en ayudas sociales, serán las regiones más pobres y los ciudadanos más necesitados los que paguen en pato. No lo pagaran ni Cataluña ni el País Vasco, que gastarán sus cuartos como quieran hacerlo. Lo pagarán Canarias, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas… y especialmente los más pobres, los marginados, los parados, los desahuciados por la fortuna.

Ya ocurrió la última vez, en 2008. Y no creo que a nadie con más de 30 años se le haya olvidado.