Sobre los 21 contratos de Patricia Hernández

Andrés Martín, concejal de Fiestas con la ex alcaldesa Patricia Hernández, será juzgado por prevaricación el próximo miércoles en la Audiencia Provincial. La fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el concejal, actualmente en la oposición, por la tramitación de varios contratos del Carnaval de 2020. En concreto, se le acusa de adjudicar hasta 21 menores por un total de 227.000 euros, recurriendo a ilegalidades como el fraccionamiento de contrato y otras trampas y atajos.

Yo no creo que todos los que se dedican a la política sean golfos o ladrones. Estoy convencido de que el concejal Martín creía estar haciendo lo que debía para evitar que Santa Cruz se enfrentara a un año sin su Carnaval –bastante deslucido, por cierto, por la calima prepandémica-, y también creo que más que favorecer al adjudicatario elegido, lo que quiso Martín –quizá siguiendo instrucciones- era demostrar a los que habían trabajado con la administración de Bermúdez, que hasta aquí se había llegado, que había una sheriff nueva en la ciudad.

En un mundo político con menos trincheras y frentes abiertos que el nuestro, Martín no sería sometido al linchamiento mediático al que ha sido sometido. Pero el problema es que la política se ha vuelto asquerosamente invivible. La jefa de Martín, la alcaldesa Patricia, se lució durante su corto mandato haciendo denunciar ante los tribunales a sus adversarios y enemigos, acusándoles de hacer trampa, favorecer a colegas y otras historias parecidas. Tiró precisamente de los contratos del Carnaval, porque el objetivo de esas denuncias era señalar el carácter corrupto de la administración anterior, y la capacidad corruptora del dinero de la fiesta. La cosa es que los tribunales no le dieron la razón en ninguna de sus acusaciones. En ninguna. Patricia llenó gratuitamente de porquería el currículo de decenas de personas, sin más motivo que el deseo de hacer daño. Hay algo de justicia poética en que sea precisamente su gestión del Carnaval la que ahora se cuestiona por fraudulenta y prevaricadora.

Probablemente, Martín será condenado y olvidado, porque la maquinaria política es así de perversa, y cuando alguien tropieza con los tribunales, cae en desgracia y se suelen olvidar los servicios que prestó. Yo creo que la responsabilidad política –esa que ya no asume nadie- es de Patricia Hernández, y creo que fue ella la que convirtió el Carnaval, sus contratos y dineros, en un arma arrojadiza contra sus adversarios. No le salió muy bien: ha acabado por cobrarse justo lo que sembró.