Sobre premiar a los más ricos

En la España de las autonomías, el café para todos siempre ha sido una receta amarga. Pero si aún había algo sobre lo que se mantenía un cierto consenso, era la idea de que el reparto de los recursos públicos debía basarse en criterios de equidad: dar más a quien más lo necesita. Así se funcionaba hasta ahora, aplicando los principios de una fiscalidad progresiva. Ahora el único principio que cuenta es el de seguir agarrado a la poltrona: el último episodio de esta creciente tendencia a usar el dinero público para argamasar gobiernos imposibles, lo protagoniza el impuesto a la banca, ése que pagamos vía comisiones entre todos los ciudadanos, pero que nació con vocación redistributiva y ha terminado atrapado en un reparto que premia la riqueza en lugar de equilibrarla.

El meollo de la cuestión está en la disposición adicional novena de la ley, que establece que los ingresos de este impuesto se repartirán entre las comunidades de régimen común en función del PIB de cada una. Traducido: cuanto más PIB tiene una región, más fondos recibe. Sí, es algo completamente absurdo: el PIB mide la capacidad de un territorio para generar riqueza, no sus necesidades, ni el esfuerzo que realiza su población para mantener los servicios públicos. Parece insensato que un Gobierno de izquierdas redistribuya impuestos favoreciendo a los ricos en vez de a los pobres, pero eso es exactamente lo que se ha decidido. Y también lo mismo que hay detrás de la condonación de la deuda a Cataluña. Y del pacto futuro por un concierto fiscal. Las regiones más dependientes del presupuesto público -entre ellas sin duda la nuestra- lo van a pasar bastante mal.