“Estamos mendigando lo que corresponde a mi hija por derecho”

Arrecife

Chaxiraxi Pérez, madre de una menor con síndrome de Down, explicó en Hoy por Hoy Lanzarote la situación que atraviesa al igual que otras tantas familias en Lanzarote debido al colapso en la renovación y valoración del grado de discapacidad.

Según argumentó, el certificado de discapacidad de su hija, de 13 años, caducó el pasado 31 de mayo de 2024. En previsión, ya el año anterior acudió a las oficinas de Bienestar Social para solicitar su renovación. Sin embargo, se encontró con una realidad preocupante: "las listas de espera pueden llegar a alcanzar hasta cuatro años", "lo que retrasa gravemente el acceso a ayudas económicas y prestaciones básicas".

“Me dijeron que me armara de paciencia porque había mucha lista de espera. En ese momento el retraso era de dos años, pero ahora, por la falta de personal, especialmente de psicólogas, se ha extendido incluso más”, denunció.

Uno de los perjuicios más inmediatos es que, al estar caducado el certificado, la Agencia Tributaria no reconoce la discapacidad de su hija, lo que impide "aplicar la deducción de 1.200 euros anuales por descendiente con discapacidad". Esta deducción, contemplada por ley, no puede aplicarse si el sistema no refleja un certificado vigente, pese a que la condición de su hija no ha cambiado.

“Mi hija no se va a levantar un día diciendo que ya no tiene síndrome de Down. Aunque el papel esté caducado, su realidad sigue siendo la misma”, expresó con impotencia.

La situación también afecta su condición de familia numerosa, ya que sólo cuentan con dos hijos, y es el reconocimiento de la discapacidad lo que les permite acceder a ese estatus. El temor de Chaxiraxi Pérez que "en algún momento se les retire dicha condición y, con ella, el derecho a otra deducción fiscal de 1.200 euros al año, lo que agravaría aún más la economía familiar".

Más allá del aspecto económico, la madre pone de relieve el impacto psicológico que esta burocracia tiene sobre las familias.

“Como madre ya sé que tengo que lidiar con muchas cosas: terapias, patologías, citas médicas… Pero si encima las instituciones me lo ponen tan difícil, ¿cómo se supone que puedo vivir tranquila? El desgaste es brutal”.

Chaxiraxi Pérez hizo un llamamiento a las instituciones, particularmente al Gobierno de Canarias y a los representantes políticos en Lanzarote, como el consejero de Bienestar Social Marci Acuña y el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, pidiéndoles que "visibilicen el problema y tomen medidas urgentes para dotar de recursos humanos y financieros a los departamentos encargados de estas valoraciones".

“Yo entiendo que no todo está en manos de los políticos locales, pero al menos quiero ver que exponen el problema y piden lo que se necesita para resolverlo. No quiero culpar a nadie, pero no ver acciones ni escuchar propuestas claras genera desesperanza”, afirmó.

“Llevamos escuchando lo mismo durante años. ¿Qué se está haciendo realmente? Si las tres psicólogas están de baja y sólo hay una trabajadora social, ¿cómo vamos a avanzar?”

“No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo lo que me corresponde legalmente, por mi hija, por mi familia y por todas las personas que hoy se sienten olvidadas por un sistema que debería protegerlas”.