Canarias decreta la emergencia tecnológica y anuncia el alta de 827 menores migrantes no acompañados en el Sistema de Protección Internacional de Acogida

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia tecnológica, para reforzar los sistemas informáticos regionales tras detectarse recientes fallos en los servidores de la Administración autonómica. De los más de 5.000 servidores regionales, 1.253 sufrieron una caída de efecto dominó que afectó al 20% de los servicios. La medida permitirá agilizar contrataciones urgentes, reforzar el personal técnico y mejorar servicios clave como la sede electrónica, el portafirmas, el correo institucional y los sistemas judiciales y de emergencias, estos últimos ya han sido restablecidos en su totalidad.

Guadalupe González Taño, directora general de Transformación Digital, asegura que esta iniciativa apuesta por una Administración “más resiliente, eficiente y segura”, con el objetivo de “mejorar la vida de la gente”, para lograr que se establezca un proceso de mejora progresiva de los sistemas durante estos meses, hasta el próximo 31 de diciembre. El Gobierno pondrá en marcha un paquete integral de acciones para mejorar toda esa estructura tecnológica administrativa, reforzar la seguridad, la capacidad de respuesta, eficiencia operativa y calidad de atención digital. Se ha confirmado desde el ejecutivo que el fallo en los servidores no fue un ataque informático y se apunta a una saturación del sistema.

“El estado es ahora el responsable de los menores migrantes”

Además, en la misma jornada, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha confirmado el alta de 827 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en el Sistema Estatal de Protección Internacional, asumiendo directamente su tutela por parte del Estado. En total, lo han solicitado más de 1.200, pero “con esta medida esperamos que se empiecen a distribuir cuantos antes”.

Cabello resalta que ahora “la responsabilidad la tiene el gobierno central para distribuirlos en la red estatal de acogida”, pero matiza que “ninguno de estos jóvenes saldrá de Canarias sin destino garantizado, respetando siempre el interés superior del menor”. También, remarca que esta resolución supone un nuevo marco de relaciones entre las comunidades autónomas y el estado en esta materia, respondiendo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo, con el objetivo de aliviar la saturación de centros en el archipiélago y dar entrada inmediata a los más vulnerables. “La prioridad es que estos menores salgan de las islas, salvo que tengan arraigo, debido a la situación de hacinamiento que se vive en el Archipiélago, como ha constatado el propio Tribunal Supremo”, ha finalizado.

A partir de este momento, se constituye un Comité Interadministrativo para evaluar “caso por caso” los expedientes y asignar los recursos adecuados. Está previsto que este martes 1 de julio se celebre su primera reunión, seguida por la “Conferencia Sectorial de Infancia” el 17 de julio, que establecerá los criterios de reparto y el paquete de financiación autonómica. El objetivo es que las primeras derivaciones pudieran llegar este mismo mes de julio, pero según fuentes oficiales, los traslados comenzarán entre la segunda y tercera semana de agosto, o a más tardar en septiembre, una vez que se apruebe un real decreto en el Consejo de Ministros entre el 29 de julio y el 5 de agosto. Esta norma permitirá efectuar derivaciones en dos plazos: en 15 días para recién llegados y hasta un año para los casos ya registrados.