Sociedad

El Congreso rechaza la iniciativa del Parlamento cántabro de cambiar la Ley de Costas

La posición contraria del Grupo Socialista y de Unidas Podemos ha determinado el rechazo de la iniciativa

MADRID, 10/05/2022.- El portavoz del PRC, Pedro Hernando (d), este martes en el Congreso de los Diputados en Madrid. El Congreso ha rechazado hoy la iniciativa legislativa del Parlamento de Cantabria de que se estudie modificar la Ley de Costas para que se puedan prorrogar concesiones de explotación de áreas marítimo-terrestres actualmente vigentes. EFE/Kiko Huesca / Kiko Huesca (EFE)

Santander

El Congreso ha rechazado este martes la iniciativa legislativa del Parlamento de Cantabria de que se estudie modificar la Ley de Costas para que se puedan prorrogar concesiones de explotación de áreas marítimo-terrestres actualmente vigentes.

La proposición debatida hoy fue aprobada en diciembre de 2021 por todos los grupos del Parlamento de Cantabria salvo el PSOE. La posición contraria del Grupo Socialista, junto a Unidas Podemos, ha determinado hoy el rechazo de la iniciativa en el Congreso.

La propuesta, defendida por el Partido Regionalista de Cantabria, PP y Ciudadanos, instaba a las Cortes Generales a modificar la Ley de Costas, mediante la tramitación de una proposición de ley, para permitir la prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre del litoral, de modo que puedan continuar las actividades económicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.

El diputado socialista Pedro Casares, también secretario general del PSOE de Santander, ha destacado que “están pidiendo modificar los artículos en contra no solo de la Ley de Costas, sino de la propia Ley de Cambio Climático”.

"Esto no va de defender” a las empresas afectadas, “en eso estamos todos”, sino de “un futuro compartido”, de “luchar contra el cambio climático”, una reflexión ausente en el debate del Parlamento de Cantabria, ha añadido.

Tres diputados autonómicos cántabros han defendido en el Congreso de los Diputados la proposición.

Pedro Hernando, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en la Cámara cántabra, ha señalado que “la modificación que se pretende no cambia el espíritu de la Ley, ni su contenido normativo, solo lo adecúa jurídicamente a la interpretación original de la misma, que se ha ido desvirtuando en una aplicación excesivamente estricta”.

La iniciativa partió del grupo popular, cuyo portavoz en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, propuso un acuerdo al resto de los grupos. Él ha sido otro de los intervinientes, y ha señalado que esta proposición viene respaldada por el Gobierno de Cantabria y por la oposición".

“Estamos hablando de desecaciones acometidas hace cien años para ganar terreno al mar, que nadie se asuste con daños al litoral. Se trata de iniciativas para ganar terreno a las marismas en los años 20, acometidas incluso por razones de salud pública”, ha argumentado.

El popular ha señalado que muchos puestos de trabajo dependen de que se puedan prorrogar las autorizaciones para estas explotaciones, prórrogas que la actual interpretación de la norma impide, “por eso lo que traemos aquí es una aclaración” de dos artículos para evitar que los afectados tengan que acudir a los tribunales.

El tercero en intervenir ha sido el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez, quien ha recordado que el asunto afecta a muchas empresas que dan empleo a muchas personas respetando el medio ambiente. Se trata de empresas de todo tipo, desde explotaciones ganaderas a otras turísticas, ha explicado.

Desde Ciudadanos, la diputada Carmen Martínez ha calificado de “activista” a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la interpretación de la norma que está haciendo.

Desde Podemos, el diputado Antón Gómez Reino ha lamentado que los diputados cántabros están trasladando al Congreso un problema que deberían resolver con las competencias autonómicas, del mismo modo que algunas de las empresas afectadas no han querido cambiar su ubicación antes de que se cumpliera la vigencia de su licencia administrativa de explotación.

Y desde Vox, el diputado Emilio del Valle ha defendido la posición contraria, lamentando “el mantra” ecologista del Gobierno regional socialista del señor Revilla y el social comunista de Sánchez, ha dicho.

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