Derecho a Morir Dignamente: "Hay médicos que son objetores para evitar la burocracia"

Valladolid

Este mes de junio se cumple un año de la implantación de la Ley de Eutanasia en España, una ley que, como todas, supone dotar de derechos a los ciudadanos para que puedan contar con ellos con libertas. Esta Ley garantiza que un paciente pueda decidir cómo será el proceso final de su vida.

A pesar de esto que parece tan obvio, políticos como Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León asocia la Ley de Eutanasia a términos como "cultura de la muerte" o "leyes de la muerte", algo que no tiene nada que ver con la realidad de esta normativa.

Fernando Sanz, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla y León (DMD) asegura que "la Ley de Eutanasia se está aplicando en todo el estado español, falta muy poco para que las comisiones de garantía evaluación que establecía la ley entreguen sus informes del primer año de funcionamiento. Ese será el momento en el que tendremos datos abundantes y precisos de lo que está ocurriendo en el país. Ahora mismo no los tenemos porque hay comunidades que han sido muy transparentes, pero otras no, tenemos una visión parcial pero ya nos da para entender que hay diferencias enormes".

La aplicación de la Ley conlleva la creación de la prestación de ayuda a morir a solicitud de la persona que cree que encaja en las circunstancias que marca la Ley. Ahí es donde se encuentran las dificultades. Es una ley compleja, porque es un proceso largo, difícil y un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer los médicos en nuestro trabajo y además ha llegado en un momento complicado por la pandemia"

La Ley incluye la figura del objetor de conciencia como en otras leyes. "La aplicación de la Ley técnicamente no tiene dificultades, pero sí las tiene en cuanto al proceso; tiene una dificultad emocional y tiene una dificultad logística, porque implica mucho papeleo, muchos encuentros largos con pacientes que en las agendas que tenemos ahora son difíciles de encajar. Tenemos la sensación de que hay profesionales que están utilizando el recurso de la objeción de conciencia simplemente para librarse de esas cuestiones que no tienen que ver con su conciencia sino con estas otras cuestiones", explica Fernando Sanz, que a parte de miembro de la Asociación DMD, es médico de atención primaria jubilado y remarca la necesidad de que estos procesos burocráticos se simplifiquen.

Castilla y León practicó durante el último año dos de las diez peticiones de eutanasia recibidas, una vez que obtuvieron la evaluación positiva del Comité de Garantías, según se ha puesto de manifiesto este jueves en una jornada celebrada en Burgos que ha reunido a expertos y responsables médicos.

El Colegio de Médicos de Burgos ha acogido la jornada 'Reflexiones sobre la Ley de Ordenación y Regulación de la Eutanasia', en la que profesionales médicos y expertos en ética médica y biomédica han analizado la norma aprobada en 2021, la cual "garantiza que un paciente pueda decidir cómo será el proceso final de su vida y que implica a los profesionales médicos y sanitarios en tal decisión".