El desastre de los parques y jardines de los barrios de Salamanca tiene un culpable: la empresa encargada de su conservación
El PSOE denunció en mayo hasta 16 incumplimientos de la empresa encargada de conservar y mantener unos parques que, en algunos casos, se encuentran en una situación de abandono y dejadez permanentes. Ahora el equipo de Gobierno abre un expediente sancionador
Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca abrirá un expediente sancionador a la empresa responsable de la conservación y mantenimiento de los jardines y espacios verdes de la ciudad tras el informe elaborado por técnicos municipales ante el posible incumplimiento del contrato y que plantea reclamar a la adjudicataria 472.044 euros. Dicha empresa, TALHER, podría haber incumplido 16 obligaciones que debía satisfacer según el contrato y tal y como denunció en su momento el Partido Socialista.
El expediente llega como consecuencia del informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y obedece a información recabada por los técnicos municipales ante posibles incumplimientos del contrato sobre la cobertura de la plantilla de trabajadores ofertada por la empresa, así como de las sustituciones por vacaciones o bajas laborales. Esto es lo que ha señalado este 6 de julio el equipo de Gobierno del Ayuntamiento salmantino. La imagen que acompaña a esta información fue suministrada también este día 6 por el PSOE, y refleja la decadencia de las zonas verdes de Huerta Otea.
Asimismo, se han detectado posibles incumplimientos en cuanto a la realización de trabajos para obras asociadas al contrato por personal de plantilla, cuando deben realizarse por personal distinto al que compone la misma.
Tras este análisis, el informe plantea reclamar a la empresa 472.044 euros por el posible beneficio que le habrían reportado los incumplimientos descritos, así como una sanción adicional de 3.000 euros por haber incurrido en falta grave, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones del contrato.
Una vez aprobada la apertura del expediente, se abrirá un plazo para que la empresa contratista efectúe las alegaciones que estime pertinentes.