La Diputación pide a los ayuntamientos un compromiso en el control del agua ante la grave sequía

De situación “extrema” ha calificado hoy la persistente sequía el Diputado de Medio Ambiente Javier Faúndez, para quien estamos ante un escenario inédito por el cambio climático, que es más grave en aquellos ayuntamientos con captaciones superficiales o los que toman el agua de ríos, que son los que más restricciones están sufriendo.

Además de asegurar el abastecimiento con cisternas, se ha hecho en 9 pueblos en la última semana, la Diputación está recomendando a los ayuntamientos que se lleven a cabo sondeos de emergencia a modo de Plan B, porque hay ríos y manantiales que se están secando. “Estamos trabajando mano a mano con diferentes ayuntamientos para poder ayudarles con esas obras” ha dicho Faúndez.

Ante la situación “mas grave en seis décadas”, la Diputación pide a los ayuntamientos que sensibilicen a los vecinos y que asuman un compromiso de control del agua porque se están dando situaciones que, asegura el responsable de Medio Ambiente, “no son de recibo”: excesos en el riego, contadores que no se leen o que directamente no existen, tarifas planas en el consumo etc. y la situación es tan grave que no hay más remedio que “ponerse serios” y en ese sentido la “Diputación no colaborará con quien no controla su agua”, ha dicho el Diputado.

Por otro lado, la Diputación Provincial ha presentado el protocolo de actuaciones para promover sistemas de depuración de aguas residuales en municipios de menos de 500 habitantes. Al respecto Faúndez ha destacado que se van a invertir cerca de 900 mil euros en el desarrollo de estos proyectos en aquellos ayuntamientos que así lo soliciten hasta el 20 de septiembre. Se trata de un plan piloto voluntario que tendrá un coste mínimo para los ayuntamiento que solo tendrán que aportar los terrenos para las instalaciones depuradoras y pagar un mínimo mantenimiento anual. Ni siquiera tendrán que desarrollar los proyectos ya que la diputación ha redactado un proyecto tipo. Lo que será obligatorio será la explotación de las instalaciones durante un periodo de 15 años, explotación que correrá a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Tendrán prioridad para implantar este plan aquellas localidades que actualmente estén pagando sanciones por vertido, las situadas en áreas sensibles y las que vierten directamente a ríos y arroyos. Un plan piloto que arrancará con actuaciones en 6 u 8 localidades.