Condenan al ayuntamiento de Aranda a readmitir a la letrada urbanista despedida en 2020

Aranda de Duero

La letrada urbanista despedida por el Ayuntamiento de Aranda en diciembre de 2020 tendrá que ser readmitida en su puesto de manera inmediata en las mismas condiciones que tenía. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos ha declarado nulo su despido y condena al consistorio a readmitirla y pagarle todos los salarios dejados de percibir desde entonces a razón de 3.181,24 euros mensuales, descontando en cualquier caso la cantidad que hubiera percibido en este tiempo por la realización de otros trabajos. El fallo también obliga al ayuntamiento al pago a la trabajadora de una indemnización por daños morales de 15.000 euros.

En el momento del despido la trabajadora llevaba 18 años desempeñando tareas jurídicas en el departamento de obras con un contrato que comenzó siendo eventual, pero que en 2013 una sentencia declaró indefinido no fijo. Su despido se produjo al ocupar la plaza de letrado urbanista de la plantilla municipal otro candidato que aprobó una oposición. Sin embargo, el juzgado tiene en cuenta que el ayuntamiento actuó de forma distinta con la arquitecta municipal, a la que, en circunstancias similares, mantuvo en su puesto de trabajo

El juzgado califica de artificiosos los argumentos que diferencian los informe técnicos emitidos en ambos casos, ya que son prácticamente idénticos salvo en dos argumentos que se añaden en el caso de la arquitecta: que la RPT iba a incluir nuevas plazas como la que ocupaba y que su perfil era necesario en una nueva oficina para el ARU de Santa Catalina. La sentencia certifica que ambas circunstancias eran solo futuribles en el momento de emitirse el informe y siguen sin ser realidad en este momento. “Se añaden curiosamente dos circunstancias fácticas que no se dan ni a fecha del despido ni en la actualidad” indica literalmente la sentencia. “Circunstancias que artificiosamente permiten dar apoyo a la primera de las opciones para mantener la relación laboral con la arquitecta municipal, y que para el caso de la actora directamente se opta por el despido”

Además la jueza considera excesiva la solución de extinguir el contrato cuando había otra solución menos severa, tal como reflejaba el informe técnico. También califica el despido de incoherente, dado que para extinguir la relación laboral se argumenta que es una plaza innecesaria, cuando poco después hubo que pedir a la Secretaria General que reforzara las labores del único letrado urbanista que quedó. Considera el juzgado, por todo ello, que el despido es “nulo por vulneración del derecho fundamental de igualdad y no sufrir trato discriminatorio”.

Eso sí, la jueza considera que no hay pruebas de que el despido se produjera como represalias por la “discordancia de pareceres” entre la trabajadora y la alcaldesa en el caso de la licencia de apertura de la plaza de toros. La demandante fue encargada de la elaboración de diversos informes y declaró como testigo en el proceso penal contra la alcaldesa y varios concejales por este asunto. Aunque la sentencia sí refleja que “se desprenden ciertos tintes de malestar entre la actora y la corporación local” (detalla incluso un encontronazo producido en el despacho de la alcaldesa) asegura “que no se configuran de forma completa para afirmar que el despido se ha producido como represalias de los mismos, a pesar de que indirectamente puedan haber coadyuvado a tomar la decisión”

Una decisión que fue denunciada tanto por algunos grupos de la oposición municipal, como Podemos, como por sindicatos como UGT que incluso se refirió a ello como una “caza de brujas”.

Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.