'Todos contra el juego'

Burgos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Daniel Garabito, considera subjetivo el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), que califica de desproporcionado prohibir la concesión de licencias para nuevas salas de juego en zonas residenciales de la ciudad.

Garabito confirma que se presentará recurso contra el fallo del alto tribunal, que reconoce la competencia municipal para adoptar esa medida restrictiva. El concejal recuerda que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que limitaba las nuevas aperturas fue aprobado por unanimidad, lo que demuestra el amplio respaldo social que tiene la iniciativa, porque hay conciencia de que la ludopatía es un problema de salud mental.

De no prosperar el recurso judicial, el concejal de Urbanismo asegura que buscará alternativas regulatorias sobre distancias en base a zonas consideradas saturadas para impedir la concesión de nuevas licencias para casinos o salas de juego ante la proliferación de este tipo de negocios asociados a una adicción reconocida.

Garabito dice que el Ayuntamiento trabajará en este tema de la mano de la Asociación burgalesa de rehabilitación del juego patológico.

En Burgos Podemos acusa al Partido Popular de haber puesto una ''alfombra roja'' a la apertura indiscriminada de salas de juego con su modificación del Plan General de Ordenación Urbana en 2016, que permitía usos recreativos en suelo residencial que, aseguran, ha disparado el número de negocios que fomentan la ludopatía en los barrios de la ciudad.

La portavoz municipal de Podemos, Margarita Arroyo, recuerda además que la Consejería de Presidencia de la Junta, con el PP al frente, intentó impedir la modificación del planeamiento, aduciendo que el ayuntamiento de Burgos no tenía competencias en esta iniciativa pionera de limitar la apertura de salas de juego en el casco urbano. Arroyo constata que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratifica que la administración local sí es competente.

En 2019 se volvió a solicitar, esta vez con el apoyo del PP, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en sentido contrario al cambio de 2016, algo que la sentencia del TSJ considera incoherente. El equipo de gobierno municipal defiende el derecho a rectificar con el argumento de que ha resultado perniciosa la primera de las modificaciones y esta será una de las motivaciones a mayores que incluirá el recurso.

La concejala de Podemos pide que el Ayuntamiento reinicie el procedimiento de modificación puntual, incluyendo una macro encuesta sobre la opinión de la sociedad sobre este asunto y se pida a especialistas en sicología y psiquiatría un informe de cómo incide la proximidad de estos negocios en la patología de los jugadores compulsivos y atrae a clientes más jóvenes que se sienten atraídos por la cercanía de estos locales.

Marga Arroyo reprocha que el ayuntamiento no cuente con un plan de drogodependencias y que todavía se asemejen las salas de juego con los establecimientos de juegos infantiles.