Las familias acogedoras avisan de que la Junta incumplirá su promesa si el año acaba con más menores en centros de acogida

La Asociación de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León (Arfacyl) instó hoy a la Junta a actuar “con urgencia” para garantizar que los niños más pequeños puedan ejercer su derecho a crecer en una familia antes de que expire, en diciembre de 2026, el plazo acordado con el Gobierno central, tras constatar que la cifra de menores de entre 0 y 6 años en centros de protección se dispara hasta los 100 -un 61,3 por ciento más en un solo año-, y el 87 por ciento de las familias ajenas que se ofrecieron para acoger ni siquiera fueron evaluadas. Es decir, aumentan los niños institucionalizados al mismo tiempo que centenares de hogares dispuestos a acoger esperan respuesta.

Arfacyl señaló que el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia confirma que la institucionalización de los más pequeños, lejos de reducirse, se ha disparado en la Comunidad. Si en 2023 había 62 menores de 0 a 6 años en centros, en 2024 (últimas cifras contabilizadas) ascendían a 100. De ellos, 60 menores tenían entre 0 y 3 años; y 40 entre 4 y 6 años.

Por lo tanto, precisó que Castilla y León se sitúa como la Comunidad que más ha incrementado, en términos absolutos, el número de menores de seis años viviendo en centros, y la tercera donde más aumenta en términos relativos, solo superada por Baleares y Navarra, y muy alejada del 3,5 por ciento a nivel nacional.

“No solo no se avanza hacia el cumplimiento del compromiso, sino que se está retrocediendo en la Comunidad”, denunció el presidente de Arfacyl, Javier Álvarez-Ossorio, quien instó a la Junta de Castilla y León a cumplir su compromiso para que, como mínimo, los más pequeños puedan ver cumplido su derecho de crecer en una familia, tal y como recoge el Código Civil y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Prevalece lo residencial

La preocupación de la entidad no se limita a los menores de seis años, tras lamentar el “giro” en el modelo de protección en Castilla y León. “Aunque las directrices establecen que el acogimiento familiar debe prevalecer en todo momento sobre el residencial, Arfacyl advierte de que la tendencia se ha invertido por que gana peso el modelo residencial y, por primera vez en años, se impone a la alternativa familiar en la Comunidad”, añadió. Según ese informe, el 53,8 por ciento de los menores tutelados estaba en acogimiento residencial, frente al 46,2 por ciento que residía en acogimiento familiar. Un año antes, la proporción era la contraria.

Y es que, en solo doce meses, el porcentaje de niños y adolescentes que vive en centros de protección ha experimentado en la Comunidad un incremento del 20,7 por ciento, al pasar de 614 a 741. Es decir, 127 menores más. Por contra, el acogimiento familiar ha disminuido hasta los 637 menores tutelados en familias, frente a los 679 del año anterior, con una caída del 6,2 por ciento.

Arfacyl consideró que estos datos son un síntoma de que el acogimiento familiar no se está impulsando con la prioridad que exige la legislación. “Las administraciones deberían poner todas las facilidades a las familias que se ofrecen a acoger, pero esto no ocurre porque sus profesionales están desbordados”, afirmó Álvarez-Ossorio. A su juicio, el problema no es tanto la falta de familias dispuestas a acoger, sino el elevado volumen de solicitudes sin tramitar y la lentitud de los procedimientos administrativos.

En este sentido, la asociación recordó que en 2024, un total de 311 familias ajenas se ofrecieron en Castilla y León para acoger a un menor. Sin embargo, solo se realizaron 38 valoraciones. Es decir, no se evaluó al 87 por ciento de las familias ajenas que estaban dispuestas a conformar una familia de acogida.

“Muchas familias acogerían si no se encontraran con tantas trabas burocráticas y contaran con apoyos adecuados”, sostuvo el presidente, quien consideró que la situación podría revertirse con una mayor dotación de recursos económicos a los equipos profesionales que se dedican al acogimiento familiar en la Comunidad. "Si Castilla y León aumentara su presupuesto, no solo los servicios de valoración serían mucho más ágiles, sino que también se cumplirían los plazos a la hora de decidir la mejor medida de protección para estos niños y adolescentes”, expuso.

Por ejemplo, proponen que a las familias denominadas de urgencia -y que se dedican exclusivamente al cuidado de estos niños- se las incluya en el sistema de cotización. “Es necesario incorporar a la Seguridad Social a estas familias, tal y como ocurre con las familias con personas dependientes a su cargo”, concluyó.