La Generalitat alega que no aplicará el 25% de castellano en las escuelas por "imposibilidad legal"

Madrid

La Generalitat de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó ayer el Govern supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución.

En el escrito que ha remitido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el abogado de la Generalitat pide a la Sala que “declare la imposibilidad legal” de cumplir lo dispuesto en la sentencia porque el decreto ley que aprobó ayer el Govern- y que el Parlament debe ratificar en un plazo máximo de 30 días- establece un nuevo marco legal incompatible con el establecimiento de porcentajes.

Argumenta además  el abogado de la Generalitat que ninguna normativa, ni la Constitución ni el Estatut obligan a fijar porcentajes de uso de una y otra lengua y que el Govern, legítimamente, ha optado por otro modelo que prioriza “que se haga un análisis del entorno sociolingüístico de cada centro, de los objetivos de normalización lingüística y que se garantice que los alumnos consiguen el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al acabar la ESO” y que “descarta de manera taxativa que se utilicen parámetros numéricos, proporciones o porcentajes” para determinar el uso de las diferentes lenguas oficiales que se utilizan en la escuela”.

El gobierno catalán recuerda a la sala la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría su petición y alega que ya ha empezado a corregir “la inactividad normativa en la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela” que los jueces le habían reprochado con una primera norma, aprobada ayer mismo, que “es incompatible” con el sistema de porcentajes mínimos "ideada por la sentencia”, que a la vista del cambio normativo aplicado es “imposible de ejecutar”.

El Govern explica además al Tribunal que ha puesto en marcha el procedimiento para comprobar que todos los centros cumplen con la nueva normativa: los directores tienen treinta días para responder un cuestionario de 7 preguntas donde deben confirmar que el catalán es la lengua vehicular habitual y de aprendizaje en las aulas y que el castellano también tiene un uso” curricular y educativo”.