La jueza da luz verde a la eutanasia para el pistolero que disparó a sus compañeros en Tarragona

Barcelona

La juez no parará la eutanasia al pistolero de Tarragona, el exvigilante de Securitas que hace medio año disparó contra varios compañeros de trabajo y después se atrincheró armado, abriendo fuego contra los Mossos. Marin Eugen Sabau, de 46 años, recibió disparos en piernas y brazos durante su detención, que le causaron una lesión medular, por la que hace dos semanas el hospital de Terrassa autorizó que iniciara el proceso de muerte asistida. Dos de sus víctimas pidieron al juzgado que parara el procedimiento, pero la jueza descarta intervenir. La ley de la eutanasia "no atribuye ninguna competencia al juez de instrucción para decidir sobre el proceso", concluye la magistrada en una interlocutoria a la cual ha tenido acceso Ser Catalunya.

La juez de Instrucción 5 de Tarragona destaca que la ley no regula "de manera específica la eutanasia aplicada a personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial de cualquier tipo" sino que "sólo se prevén exclusiones en caso de menores o personas que no tengan capacidad de decidir". Ahora, la vida de Sabau queda solo en manos de la Comisión de Garantía y Evaluación, un organismo de la Generalitat formado por médicos y juristas que dan el último aval a las peticiones de eutanasia. Esta cuenta atrás ha acelerado la declaración del acusado, a quien la jueza ha citado a declarar el próximo lunes por la mañana.

Prevalece el derecho en la muerte digna

El caso, sin precedentes ni dentro ni fuera de España, planteaba un debate sobre los límites de la muerte asistida, puesto que, de consumarse la eutanasia, las víctimas verían como se cierra la investigación contra el hombre que intentó matarlas (dado que la responsabilidad penal desaparece con la muerte). Algunas de las víctimas defendían que el tribunal debía parar el proceso de eutanasia para no vulnerar el derecho de los afectados a la tutela judicial efectiva, es decir, que se pueda juzgar al acusado. "Un presunto asesino no puede sortear ni el juicio ni la condena mediante la eutanasia", argumentaba en su escrito el abogado de dos mossos heridos, José Antonio Bitos, del sindicato USPAC. La magistrada entiende, sin embargo, que prevalece el derecho a la muerte digna, a pesar de que "comprende la desazón de las víctimas".

La instructora cree que no hay un conflicto de derechos al mismo nivel, puesto que tienen "prioridad" los derechos a la integridad física y moral, a la dignidad, a la libertad y autonomía personal del acusado, "no solo por la entidad" de estos derechos, "sino por su proximidad al núcleo del derecho en la vida". El abogado aseveraba también que la prisión preventiva tiene que asegurar la presencia del acusado, pero la magistrada discrepa: "en este caso, la no presencia del investigado no vendría frustrada por la fuga sino por su defunción" por lo cual, entiende, tampoco sería responsabilidad del tribunal. La decisión no es firme.