Ansiedad entre los jóvenes extutelados por la posible deuda con la Generalitat: "Es imposible, tardaría más de 20 años en pagarla"

Barcelona

"Se informa que se inicia la revisión de vuestro expediente desde el año 2021 dado que se ha detectado que, en determinados períodos en los cuales se ha abonado la prestación, consta que podría haberse incurrido en incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos que se indican a continuación [...] lo cual afectaría a la cuantía de la prestación abonada, generando una posible deuda con la Hacienda de la Generalitat por un importe máximo de 36.068,81 euros. [...] El importe que se determine deberá ser objeto de reintegro por parte del interesado."

Esta es la carta que, como mínimo, han recibido 111 jóvenes extutelados por la Generalitat por parte de la nueva DGAIA, la Direción General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Según explica la carta, podrían tener una posible deuda con el gobierno por haber incumplido los requisitos exigidos para recibir las prestaciones como extutelados. La deuda que tendrían podría oscilar entre los 6.000 y los 4.000 euros. Esto ha generado malestar y frustración entre estos jóvenes, que ya se han organizado y este mismo lunes han presentado una queja conjunta ante la DGPPIA pidiendo que se suspenda esta reclamación. A raíz de ello, la Conselleria de Drets Socials ha reaccionado y ha organizado una reunión con estos jóvenes. Según han explicado al programa El Balcó, de SER Cataluña, fuentes del encuentro del lado de los jóvenes, el Departament ha pedido disculpas y ha asegurado que hay un equipo de trabajo analizando caso por caso para "poder enviar una carta más personalizada a las personas que la han recibido". Además, han prometido que las nuevas comunicaciones que se realicen a nuevos casos se harán de manera distinta tanto en el lenguaje utilizado como en la cuantía que se podría reclamar.

Angustia e indignación

Cuando Alejandra recibió la notificación de la posible deuda, llamó llorando a María con un ataque de ansiedad, a lo que ella respondió intentando calmarla: “Es imposible, no hemos hecho nada malo”, pero ella también la había recibido. La acusaban de haber vivido fuera de Cataluña, circunstancia incompatible con la prestación. La realidad, sin embargo, es que María había estado “como mucho 20 días en Manchester con una beca para estudiar inglés”. También se les acusa de haber “incumplido el plan de trabajo individual”. Es decir, que al encontrar trabajo debían cobrar menos prestación, de 778 a 170 euros, cosa que ya sabían, y por eso lo notificaron y entregaron nóminas y contratos. A María le dijeron que seguiría cobrando la prestación completa y que, a final de año, se regularizaría con Hacienda. Ella, prudente, ha estado ahorrando, pero aún no le han dicho nada. Lo mismo le ha pasado a Alejandra: "No he recibido ninguna carta sobre ello".

Así lo han explicado con nombres falsos y voz distorsionada, para mantener su anonimato, al programa de la SER, donde también han añadido que esta situación les ha generado mucha ansiedad: “Me cuesta mucho comer y dormir, tengo pesadillas”, ha admitido Alejandra. Justo ayer se puso a hacer cálculos para saber cuánto tardaría en pagar la deuda que aparece en su notificación, 36.000 euros: “Serían más de 20 años, pagando poco a poco y teniendo en cuenta los gastos que tengo”.

Una mala comunicación

Lo primero que hicieron al recibir la notificación, ellas y el resto de jóvenes extutelados, fue acudir a sus referentes socioeconómicos, que les apoyan en su proceso de emancipación, pero tampoco sabían nada: “No daban soluciones porque ni ellos estaban notificados de todo esto”. De hecho, esta es una de las quejas que tienen estos jóvenes: “La manera en que se ha comunicado no es la correcta”. Por un lado, consideran que estas cartas “con un vocabulario muy técnico” dirigidas a jóvenes extutelados son un error y que deberían haberse enviado primero a los referentes socioeconómicos para poder afrontarlo juntos. Además, lamentan que “se ha vulnerado la presunción de inocencia”: “No puedes enviar 120 cartas a jóvenes con esas cantidades y luego pedirles que justifiquen que no han hecho nada mal”.

En este sentido, el director de FEPA —Red de entidades para la emancipación juvenil—, Jordi Sàlvia, ha calificado esta comunicación como “la peor forma posible”. Se ha hecho con un lenguaje técnico y dando solo 10 días para presentar la documentación. Una dificultad añadida es que los jóvenes que han recibido estas notificaciones son los que recibieron por primera vez las prestaciones en el año 2021, y la “mayoría ya no están dentro de ningún recurso”, por lo que es aún más difícil acompañarlos.

Responsabilidades pasadas

Desde el gobierno han atribuido la responsabilidad de esta situación al funcionamiento de la anterior DGAIA: “Si hubiéramos tenido en los últimos años un sistema que hiciera seguimiento de las prestaciones de forma automática, probablemente no se darían situaciones como esta”. Lo que necesita la actual administración, ha señalado el secretario general del Departamento de Derechos Sociales, Raúl Moreno, es información que justifique estas ayudas, que demuestre que quienes las recibieron, debían recibirlas.

Ha admitido que la comunicación no ha sido la mejor, “las formas siempre son mejorables”, y ha lamentado que los jóvenes extutelados se hayan visto en esta encrucijada: “Los colectivos vulnerables no deben pagar el mal funcionamiento de la administración de años anteriores”. Y ha enviado un mensaje de tranquilidad a estos jóvenes: “Probablemente, han sido beneficiarios legítimos, ahora pueden aportar la información que no estaba en manos del Departamento”.

Además, ha destacado que las notificaciones que se han enviado son las de aquellos expedientes que están a punto de prescribir, porque así lo marca la ley, tras el informe del Tribunal de Cuentas, que calculaba que se habían gastado 167 millones de euros en pagos indebidos. Pero de esos, solo 250.000 corresponden a las ayudas a extutelados. La intención del Departamento es que la nueva DGAIA tenga un “control estricto de las prestaciones” y que esto no vuelva a suceder.