El gobierno de Alcalá de Henares impulsa una investigación sobre contratos con empresas de familiares de concejales del PSOE

Alcalá de Henares

La acusación no es reciente. Se dio a conocer durante la campaña electoral de 2023 y ha sido objeto de debate político en el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares desde entonces. Ahora, el gobierno complutense asegura haber concluido un procedimiento interno en el consistorio para determinar si la pasada legislatura, durante el gobierno del Partido Socialista entre los años 2019 y 2023, fueron contratadas dos empresas relacionadas con familiares de las concejalas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez.

Ante los medios de comunicación, la portavoz adjunta del actual gobierno formado por PP y Vox, explica que "la alcaldía encargó dos informaciones reservadas para ver si hubo esas posible irregularidades ya que ambas concejalas formaban parte de la Junta de Gobierno Local que intervenía en la adjudicación de estos contratos". Finalizadas dichas informaciones "y constatadas dichas irregularidades" el ayuntamiento adopta dos iniciativas. "La vía judicial para poder dirimir las posibles responsabilidades legales en las que se haya podido incurrir, y una comisión de investigación para dirimir las responsabilidades políticas que se presentará y aprobará en el próximo pleno".

Detalla el gobierno alcalaíno que el artículo 16 apartado 1G de la Ley de Contratos del Sector Público, "se prohíbe a personas relacionadas con cargos electos la contratación con el sector público, sean sus cónyuges, sus ascendientes o sus descendientes".

Comisión de Investigación

De Miguel afirma que el objeto de la Comisión de Investigación será "en primer lugar, ver la existencia de ese conflicto de intereses en la contratación, en segundo lugar ver la posible incidencia de estas concejales en la consecución de estos contratos, y en tercer lugar comprobar si se inició o no un procedimiento para aclarar este conflicto de intereses, que es preceptivo y que se debe realizar por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento".

Anticipándose al resultado de la Comisión de Investigación o del posible recorrido legal de la denuncia, la portavoz apelaba al portavoz del grupo municipal socialista. "Javier Rodríguez Palacios siempre suele pedir explicaciones hasta por lo más absurdo, muchas veces. Queremos ver si está dispuesto a darlas por este presunto caso de corrupción que le afecta directamente".

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De Miguel también anticipa una posible reclamación de cese o dimisión del propio portavoz. "Rodríguez Palacios lo ha pedido, incluso, por casos sobreseídos. Esperamos, si este caso de presunta corrupción política no se resuelve a su favor, que esté dispuesto a dimitir".

Según el gobierno complutense, el importe total investigado es de 40.000 euros, en contratos relacionados con dos empresas de comunicación y artes gráficas.

"Total tranquilidad"

Tras la información difundida por el gobierno de Alcalá de Henares, el Partido Socialista ha emitido un comunicado mostrando su "total tranquilidad" ante lo que dicen es "el último intento desesperado de la alcaldesa, Judith Piquet, para tapar sus problemas con la Justicia".

El PSOE confirma que votará a favor de la Comisión Especial de Investigación planteada por el ejecutivo de PP y Vox, y pide que “cuando el Partido Socialista plantee en las próximas semanas otras Comisiones de Investigación, el PP también las apoye”. Los socialistas consideran que esta iniciativa “deja en evidencia el nerviosismo del equipo de gobierno y muy especialmente de la alcaldesa para no hablar de su nefasta gestión y sus problemas con la Justicia". Y añade que "confiamos plenamente en la Justicia y estamos convencidos de que nada de lo afirmado hoy por la concejala Orlena De Miguel tiene consecuencia penal alguna". Estiman que si el asunto es trasladado a la Fiscalía "será una buena oportunidad para dejar claro, negro sobre blanco, todo lo referido a este tema”.

Por otra parte, el PSOE resalta que esta cuestión es, a su juicio, "un producto ya caducado, que se remonta a hace un año y medio, y que nació en plena campaña electoral basado en recortes de prensa de noticias publicadas en medios digitales afines al Partido Popular”. Reclaman "prudencia" al actual gobierno y afirman que "al traspasar las líneas de respeto y honorabilidad básicas, nos veremos obligados a llevarlos a los tribunales por calumnias”.

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