Diez intoxicados, siete de ellos niños, por un nuevo episodio de comida en mal estado en un centro de la Comunidad de Madrid

Madrid

La calidad de la alimentación que la Comunidad de Madrid ofrece en los centros que dependen de ella –residencias de mayores, de menores o escuelas infantiles- está de nuevo en cuestión por lo que parece un nuevo caso de comida en mal estado. Esta vez ha ocurrido en Torrelodones, en la residencia infantil Nuestra Señora de Lourdes, que da servicio de comedor también a la escuela infantil El Tomillar, en esa misma localidad del noroeste de la región.

El episodio, que se registró el pasado 31 de octubre, deja una decena de intoxicaciones: siete de ellas en menores, de los que ni Sanidad, ni Familia –la consejería de la que dependen ambos centros-, concretan las edades. “Al día siguiente, viernes [1 de noviembre], se dieron cuadros de diarrea, sin necesidad de hospitalización”, explica un portavoz habitual de uno de esos departamentos. “Están recuperados, la sintomatología desapareció en 24 horas”, añade el Gobierno regional.

El incidente estaba aún bajo la investigación de los trabajadores de Salud Pública, en el momento de elaboración de este artículo, pero desde la Comunidad de Madrid ya apuntan a que el origen “podría estar en alguno de los ingredientes del cocido”, señalan esas fuentes. Ahora, se están analizando las muestras tomadas por los técnicos para determinar exactamente el agente que ha provocado esos cuadros de diarrea.

El siguiente paso será determinar las responsabilidades, si las hubiera, de esa contaminación. En Salud Pública indican “como causa probable, un enfriamiento no correcto de la comida”, aunque en Familia aseguran no conocer si esa rotura de la cadena de frío se produjo en el propio centro, o durante el proceso de distribución por parte del proveedor.

Hasta ahora, siempre que ha aparecido comida en mal estado en algún centro, el Gobierno regional ha alegado que los controles funcionaban y esos productos no aptos para el consumo se detectaban antes de ser servidos. En este caso no ha sido así.

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“Lamentablemente, ha terminado ocurriendo lo que tantas veces nos negó la Comunidad de Madrid, acusándonos incluso de mentirosos al Grupo Socialista, y es que varios niños y niñas, además de muy corta edad, y trabajadoras, han acabado intoxicados por lo que ya es ‘marca Ayuso’, que es la comida podrida en centros de menores y residencias de la Comunidad de Madrid”, denuncia desde el PSOE la diputada Lorena Morales.

Un largo historial de entregas de comida en mal estado

En este caso, el suministrador es la Plataforma Femar, uno de los contratistas habituales de la Comunidad de Madrid, y que ya fue sancionado en 2022 con algo más de 43.000 euros por haber mentido entonces para hacerse con un contrato, al asegurar que tenía un almacén con el que no contaba. Esta misma empresa ha enviado desde ese año coliflor con moho, patatas podridas o huevos con gusanos a varias residencias de mayores, según viene documentando la Cadena SER desde entonces.

A pesar de estos antecedentes, la compañía consiguió hacerse la pasada primavera con tres de los nueve lotes del contrato para la “adquisición de productos alimenticios y materias primas para la elaboración de menús en centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)” durante doce meses. A cambio, la Comunidad de Madrid le pagará algo más de 5,7 millones de euros, impuestos no incluidos.

Morales lleva denunciando las condiciones de ese concurso público desde que se comenzó a licitar. “En los pliegos no se respetaba lo más mínimo, que es garantizar la cadena del frío”, esgrime la socialista, portavoz de su grupo en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Plataforma Femar para recabar los datos que pudiera aportar sobre este incidente, sin recibir respuesta alguna en el momento de publicación de esta noticia. Mientras tanto, en el PSOE exigen responsabilidades a la Comunidad de Madrid por un hecho “que ha podido acabar en desgracia”, apunta su diputada, que critica lo que llama "privatización de la alimentación de las personas más vulnerables”.