La Justicia obliga al Gobierno de Ayuso a readmitir a la plantilla de una escuela infantil

Madrid

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, se negó siempre a subrogar a la plantilla de la escuela infantil Tesoros de Arganda del Rey después de que la empresa que gestionaba este centro público quebrase y se hiciese cargo directamente de la gestión la Administración regional. "La Comunidad de Madrid no tiene capacidad de subrogar trabajadores y nosotros tenemos que cubrir los puestos de trabajo con empleados públicos y así es como se va a realizar", decía el consejero el pasado 30 de agosto.

Sin embargo, tras la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del despido colectivo de 26 trabajadoras (la plantilla en su mayoría está formada por mujeres) por parte de Comisiones Obreras ha aclarado la situación. La sentencia que firman tres magistradas obliga a la Comunidad de Madrid a readmitir de inmediato a la plantilla en las mismas condiciones que tenían antes del despido y a abonarles los salarios que han dejado de recibir desde el 1 de septiembre.

"Teníamos razón. Intentamos negociar con el señor Viciana pero no nos escuchó. Ya lo dijimos en su momento que este era un problema que generaba el consejero sin que hubiera necesidad porque la normativa era taxativa en que es la propia Consejería de Educación la que tendría que haber subrogado a las trabajadoras", indica la portavoz de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín. En este sindicato calculan que la Comunidad de Madrid tendrá que abonar a todas estas trabajadoras un total de 75.000 euros.

La escuela infantil Tesoros era pública pero el Gobierno regional puso su gestión en manos de una empresa, Atreyu Blota Carto, que tras varios meses de impagos se declaró en quiebra motivo por el que la Consejería de Educación decidió hacerse cargo directamente del centro. El curso escolar comenzó ya con la gestión totalmente pública pero con una plantilla distinta porque la Administración regional se negó a subrogar a las trabajadoras. El 2 de octubre Comisiones Obreras puso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuya sentencia es la que se conoce ahora.

Fuentes de la Consejería de Educación se limitan a decir que han recurrido el fallo. Las trabajadoras están a la espera de saber si podrán volver a sus puestos de trabajo y cobrar todos los salarios que les deben ya que ni la empresa ni la Consejería de Educación les han pagado nada desde el pasado mes de abril. "Mis padres y alguna de mis hermanas me han tenido que ayudar. A nivel mental todo esto te va minando. Sobrevives pidiendo favores y dejando facturas menos importantes para pagarlas más adelante aunque te cobren un recargo", cuenta una de las trabajadoras.

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En esta misma situación se encuentran otra treintena de trabajadoras de la escuela infantil Don Gato de Vicálvaro, en la capital, aunque en este caso aún no se ha pronunciado la Justicia.