Corrugados anuncia el cierre de su fábrica en Getafe
La empresa, objeto de críticas por parte de los vecinos por emisiones contaminantes y ruido, ha trasladado la noticia a los sindicatos, con los que negociará un ERE que afectará a 152 trabajadores
La acerera lleva décadas instalada en Getafe / Ayuntamiento de Getafe
Getafe
La empresa Corrugados Getafe ha anunciado a los sindicatos este miércoles, justo antes del puente de mayo, que iniciará un proceso para cerrar su fábrica en la localidad tras 75 años de historia y activar un Expediente de Regulación de Empleo entre los trabajadores. La acerera había sido objeto de críticas en los últimos años por parte de los vecinos, que han denunciado posibles emisiones contaminantes y ruido constante que ha afectado a su calidad de vida.
Según ha adelantado el medio local Getafe Radio y confirman fuentes sindicales, el próximo 7 de mayo comenzará el proceso para desmantelar la planta, un calendario que ha sido comunicado ya a los 152 trabajadores actuales de la fábrica a través de un comunicado interno.
A finales de 2022 la empresa Corrugados ya anunció un ERTE entre sus casi 200 trabajadores que afectaría a más de la mitad de la plantilla debido a la reducción de los pedidos de acero y al encarecimiento de los precios de la energía.
Presión vecinal, endurecimiento legal y aranceles estadounidenses
El Grupo Industrial CL, propietario de Corrugados Getafe desde hace cinco años, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que señala tres causas de esta "extinción de la actividad": las protestas vecinales, el endurecimiento legal y las políticas arancelarias de Estados Unidos.
Por un lado, la empresa habla de "presión vecinal", aunque no lo une a las múltiples protestas de los últimos años, sino al crecimiento demográfico de Getafe que ha acercado las viviendas a apenas unos cientos de metros de la fábrica (en los años 60, cuando nació Corrugados, no había viviendas cercanas).
El grupo empresarial también señala el endurecimiento legal de la Comunidad de Madrid, que desde el año pasado impide a la acerera operar por la noche. Es el horario nocturno el más conveniente para este sector, ya que según explican es el periodo en el que "los precios y los peajes de conexión a la electricidad permiten que la fundición resulte económicamente viable". "Este cambio normativo", señalan, "supone un obstáculo insalvable para la continuidad de la actividad".
Por último, la empresa asegura que "la estrategia arancelaria impulsada por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", ha provocado un cambio en los flujos del acero, ya que la producción asiática llegará antes a Europa que a América, por lo que "genera una competencia que compromete aún más la viabilidad de la planta de Getafe".
Alternativas a los trabajadores
El próximo 7 de mayo se iniciarán las conversaciones para negociar el ERE. Hasta entonces los sindicatos prefieren guardar silencio y centrarse en la estrategia para obtener la mejor salida posible para los trabajadores.
Por su parte, el grupo propietario de Corrugados Getafe señala que propondrá traslados y recolocaciones en otras plantas del grupo por toda España (cuenta con una veintena de empresas de diferentes sectores). "Para quienes no cuenten con disponibilidad de movilidad geográfica, se pondrán en marcha programas de apoyo a la transición profesional" de la mano de agencias privadas o públicas de Getafe y la Comunidad de Madrid, señalan en un comunicado.
Alegría vecinal
Los vecinos se han mostrado “muy contentos” tras conocer este anuncio, ya que el cierre y traslado de la planta era su principal reivindicación en los últimos años en los que han “sufrido incumplimientos que han afectado a su calidad de vida”. Así lo señala Inmaculada Carrasco, portavoz de Ecologistas en Acción Getafe y miembro de la Plataforma de Afectados por Corrugados.
No obstante, creen que detrás del cierre está la decisión de “especular con la venta de terrenos en lugar de hacer una mayor inversión para cumplir con los condicionamientos ambientales” exigidos por la Comunidad de Madrid, que recientemente había endurecido las prescripciones, aunque no tanto como reclamaban el Ayuntamiento y los vecinos.
Inmaculada Carrasco, portavoz de Ecologistas en Acción Getafe y miembro de la plataforma de afectados por Corrugados, valora el anunciado cierre de la planta
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Por último, proponen que se cree “una franja verde” que separe la zona industrial de la residencial para así garantizar la salud y el bienestar de los vecinos, en lugar de implantar una nueva industria en los terrenos.
El Ayuntamiento presenta estudios técnicos
El Ayuntamiento de Getafe, por su parte, ha asegurado en un comunicado que en los últimos meses ha conocido de “negociaciones muy avanzadas para dar a este espacio una nueva actividad económica”, por lo que están “aportando estudios técnicos sobre la viabilidad de la implantación de nuevas actividades empresariales y laborales en este espacio”.
El Gobierno de Getafe, que en varias ocasiones ha pedido un mayor control en las mediciones de contaminación de la planta para reducir las molestias a los vecinos, asegura que siempre han defendido “una solución compatible con el bienestar de la ciudadanía”, por lo que consideran que el cierre de la fábrica supone “una gran oportunidad para Getafe, en tanto que se elimina el principal problema de impacto medioambiental que existe en el municipio y que afectaba especialmente a vecinos de Los Molinos y Juan de la Cierva”.
Ante el proceso de negociación sindical que se abre ahora, el Ayuntamiento pide “proceder de manera serena y ofrecer un espacio de tranquilidad a las partes”. También ofrece los servicios de empleo municipales para resolver el futuro laboral de los trabajadores afectados.
La empresa siempre negó riesgo para la salud
A pesar de las críticas recibidas, la empresa siempre ha negado que las emisiones a la atmósfera y su actividad industrial tuvieran un impacto directo y negativo en la salud de los vecinos. Así lo dijo en 2023 la responsable de Medioambiente de CL Grupo Industrial, Raquel Cezón, en la primera entrevista en un medio de comunicación de la compañía responsable de la acerera.
Sin embargo, los incumplimientos detectados en las mediciones ambientales le han conllevado a la empresa sanciones por valor de casi 200.000 euros en la última década, según anunció la propia Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, autoridad encargada de controlar y, en su caso, sancionar estas actividades.
