Aumentan a ocho los juzgados que han imputado a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en las residencias

Madrid

Ha pasado un año desde que las familias presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid por las muertes en las residencias. En este tiempo dos juezas habían dado el paso de citar como imputados a dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso pero ahora otros seis juzgados han tomado esa misma decisión, según han informado los abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que llevan las 109 denuncias que se pusieron por la comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Son tres juzgados de Madrid, otro de Alcobendas, otro de Collado Villalba, uno de Getafe, otro de Valdemoro y uno más en Leganés. En los ocho juzgados está imputado quien fue el autor de los denominados como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur, su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, está citado en siete juzgados y el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, en seis. Se da la circunstancia de que en uno de ellos, el de Getafe, está citada la familiar (Maite Rodríguez) cuyo caso cuestionó el jefe de Gabinete de Ayuso (Miguel Ángel Rodríguez).

La abogada Alejandra Jacinto ha detallado que el procedimiento abierto en Getafe se refiere a Mayte Rodríguez, que fue "atacada" personalmente por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, a raíz de su participación en el programa de televisión 'Lo de Évole', aunque luego Miguel Ángel Rodríguez rectificó y pidió disculpas por su error.

"Estamos satisfechos pero al mismo tiempo lamentamos que todavía no se hayan podido escuchar sus declaraciones judiciales", ha explicado uno de los abogados, Eduardo Ranz, en referencia a que los dos juzgados que hasta ahora habían citado como investigados a estos ex altos cargos no han llegado a tomarles declaración.

Ahora mismo hay 92 procedimientos judiciales en marcha por lo sucedido en las residencias. De ellos, 73 están en instrucción, 8 juzgados han decidido las imputaciones (aún sin fechas) y el resto están pendientes de recursos que se han presentado ante la Audiencia Provincial y hay también cinco familias que han decidido no continuar adelante. Los abogados han presentado ya dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por casos que se han cerrado y tienen otros dos recursos más preparados.

"Es que hay hechos nuevos. Lo que denunciamos es que se produjo una discriminación en la prestación de asistencia sanitaria. No solo porque no hubo derivaciones a los hospitales, como es evidente que pasó, sino porque tampoco se les derivó a los hospitales privados, ni al Ifema y no se medicalizaron las residencias", ha explicado la abogada Alejandra Jacinto.

"Desidia" de algunos juzgados

Los abogados de las familias han contado que algunos juzgados están actuando con "desidia" y hay riesgo de que cinco casos terminen prescritos. Juzgados como el de Instrucción número 6 de Móstoles, el Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero "donde ha sido escandaloso" el retraso, según Ranz, o el 39 de Madrid donde ha sido "sangrante" porque "dictó un auto de inadmisión sobre unas diligencias el 25 de marzo y a nosotros se nos ha notificado el 22 de septiembre. La pregunta es, ¿cómo puede tardar un juzgado medio año en notificar una resolución?".

Los letrados de las familias avisan de que si hay alguna prescripción por la lentitud de algunos juzgados se emprenderán acciones legales contra los jueces. "Hay jueces que actúan bien y otros mal. Hay jueces que no han realizado su trabajo y no han investigado. Su actitud puede ser calificada de contraria al ordenamiento jurídico y por tanto ilegal", ha sentenciado Ranz.

Las familias dicen que no van a cesar en "perseguir esa justicia" porque "se trata de la mayor vulneración de derechos que ha ocurrido en la historia tan corta de la democracia" y "esconde la vergüenza de una sociedad que no ha sabido o no ha querido reaccionar ante esa barbarie que nos perseguirá en la historia", según Carmen López, presidenta de Marea de Residencias.

Desde Verdad y Justicia, su presidenta María Jesús Valero recuerda que "mientras haya impunidad es como si no hubiera sucedido nada. Las 7291 víctimas fueron discriminadas y ahora somos discriminados todos los familiares".

Abogados y familias esperan que la Audiencia Provincial sea la que decida si todas las causas se agrupan en un juzgado, el número 3 de Madrid, que fue el primero que inició las investigaciones. Quieren que, como está sucediendo con las investigaciones de las personas fallecidas en la dana de Valencia, todos los casos se agrupen en un único juzgado.