Abogados del caso Alquería, que salpica al PSPV y a Compromís, alegan indefensión y piden volver a la instrucción

Prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial son los delitos que la fiscalía anticorrupción atribuye al expresidente de la Diputació de València Jorge Rodríguez acusado junto a, en principio, 14 personas más por haber creado, supuestamente, una dirección de Divalterra, empresa pública de la Diputació de València, paralela al consejo de administración y formada por siete altos cargos puestos a dedo por PSPV, el entonces partido de Rodríguez, y por Compromís. Rodríguez que ha llegado tranquilo a la ciudad de la justicia está contento de poder dar las explicaciones pertinentes y como viene insistiendo asegura que pudo haber un error administrativo. Nunca corrupción e insiste también en que los contratados, siete, hicieron su trabajo. Recordamos que la Fiscalía pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para Jorge Rodríguez (ex president de la Diputació de València); para Ricard Gallego (jefe de gabinete del president); para el exasesor de president Manuel Reguart y para los exgerentes de Divalterra Josep Ramón Tiller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís). Para los directivos contratados Josep Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri Llopis, Salvador Femenía y Víctor Jiménez la fiscalía pide 6 años de prisión y doce de inhabilitación. Se les considera autores de un delito de falsedad en documento oficial y cooperadores necesarios de la malversación. Para el ex secretario letrado del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y para el excogerente Xavier Simó, 6 años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario, malversación y prevaricación. Fiscalía pide como responsabilidad civil a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines, una indemnización conjunta a Divalterra de algo más de un millón de euros. Otro más a Tíller. Al resto les pide cantidades inferiores en función de sus salarios e indemnizaciones. Las acusaciones populares elevan la petición de pena porque ambas ven intención de delinquir y mala fe. El PP, de hecho, habla de organización criminal. La otra acusación popular es Acción Cívica contra la corrupción (Organización nacida a raíz del Caso Blasco de desvío de subvenciones públicas destinadas a países subdesarrollados, proceso en el que Antonio Penadés, presidente de la asociación, ejerció como acusación popular a título individual). Recordamos, en noviembre de 2015 y con el Botànic recién llegado al poder, la empresa pública Imelsa, epicentro del caso Taula, remodela su estructura y cambia de nombre, pasa a llamarse Divalterra. El cambio implica remodelar la estructura y crear nuevas áreas de dirección repartidas entre socialistas y Compromís. Se investiga el procedimiento para cubrir esas plazas de alta dirección. Según la fiscalía las contrataciones se habrían realizado a dedo, de forma «arbitraria y caprichosa». De esa forma se habría creado una estructura paralela al Consejo de Administración de Divalterra formada por esos consejeros colocados por PSPV y Compromís. Consejeros colocados con hasta doce informes jurídicos en contra. Esa estructura paralela era muy cara y absolutamente inútil. El fiscal afirma que fue creada a instancias de Jorge Rodríguez, Manuel Reguart, Agustina Brines y José Ramón Tíller. Ellos contrataron a dedo a siete personas. No está, según fiscalía, acreditada la necesidad de contratar a esas personas y no se respetaron tampoco los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es más, los contratados carecían de cualquier capacidad real en ninguna decisión de Divalterra en materia financiera e incluso de representación. Sin embargo, los acusados mantienen que no hubo ninguna irregularidad. Que en todo caso estaríamos ante un problema de índole administrativa pero que puede acreditarse que los siete directivos en entredicho hicieron su trabajo para «sacar a la empresa pública del caos» en que se encontraba por la mala gestión de los anteriores gestores. Al inicio de la vista las acusaciones populares --PP y Acción Cívica-- han solicitado la retirada de la acusación de Pau Pérez, uno de los ex altos cargos acusados en Divalterra. El tribunal, al estar Pérez sentado en el banquillo de los acusados únicamente a petición de las acusaciones populares, ha acordado dictar su absolución «in voice», con lo que éste ha abandonado el juicio junto a su letrado. La defensa de Jorge Rodríguez, como el resto de defensas, ha subrayado que se vulneraron los derechos fundamentales de su defendido, ha pedido que pueda sentarse junto a su abogada y que declare al final para poder escuchar antes todos los testimonios. Las declaraciones de los acusados están fijadas en principio para la semana que viene. Así que veremos si la magistrada acepta esa petición de cambio de calendario que ya se ha dado en otros juicios. Por todo lo anterior algunas defensas han llegado a pedir la anulación de la causa. La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha solicitado al tribunal que su representado declare al final del juicio por el caso Alquería con el objetivo de garantizar su derecho de defensa y ha cuestionado su detención hace casi cuatro años: «¿Era necesaria?». Así se ha pronunciado la abogada de Rodríguez, Ángela Coquillat, en la primera sesión del juicio del caso Alquería, que cuenta con 14 acusados tras absolver este mismo día el tribunal a uno de los exdirectivos de Divalterra --empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa--, Pau Pérez, tras pedirlo las acusaciones populares --PP y Acción Cívica--. En el turno de las cuestiones previas, la abogada ha reclamado que la declaración de Rodríguez se lleve a término en último lugar una vez practicada la prueba pericial y documental. En el calendario inicial estaba previsto que los acusados declarasen al comienzo de la vista. La letrada ha justificado su petición en que «solo así, con el pleno conocimiento de la causa y asesorado por su dirección letrada, Rodríguez podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa». Así mismo, la abogada ha cuestionado la detención de Rodríguez hace ya cuatro años. En este sentido, ha manifestado que su representado estuvo detenido durante 31 horas y media, desde las 8.30 horas del 27 de junio de 2018 hasta las 16 horas del día siguiente. «La policía puede detener sin orden judicial pero le es aplicable la Constitución y la LeCrim, que expone que toda persona tiene derecho a la libertad; y que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos», ha indicado la abogada. Se trata, pues, --ha añadido-- de una medida «excepcional» y «debe ser proporcional al derecho a la libertad». «¿Era necesaria la detención? No consta que Rodríguez pusiera impedimento a la Udef para que entrara en su casa o para que se llevara sus instrumentos telemáticos. Le constaba arraigo familiar y no tenía antecedentes policiales ni penales. ¿Se cumplió la excepcionalidad de la medida? Entendemos que no y que se vulneró el derecho a la libertad», ha agregado. Por último, la abogada ha afirmado que se vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones puesto que, entre otras cuestiones, se deberían haber limitado las descargas de correos electrónicos de Rodríguez a sus conversaciones con los diferentes gerentes de Divalterra.

Abogados del caso Alquería, que salpica al PSPV y a Compromís, alegan indefensión y piden volver a la instrucción

El ex presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha insistido en que los contratos bajo sospecha fueron legales y cuestiona su detención: "¿Era necesaria?"

Juan Magraner