Sociedad

Chequeo a las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana

Según ha podido saber la Cadena SER, la revisión de las restricciones que están vigentes se abordará con la Conselleria de Sanidad después del proceso de vacunación de la cuarta dosis que comienza el lunes en las residencias

Una persona conversa con sus padres a través de una ventana habilitada en la residencia de mayores Ballesol Patacona, en Valencia, para que los residentes puedan recibir visitas de sus familiares / BIEL ALIÑO (EFE)

València

En la Comunitat Valenciana han fallecido por covid 2.141 personas durante la pandemia, en las residencias, lo que supone el 9% de las 23.767 personas que han fallecido hasta la fecha. Conforme ha ido evolucionando la pandemia, se han ido adaptando las restricciones, protocolos y restricciones que ha dictado la conselleria de Políticas Inclusivas basándose en los criterios marcados por la de Sanidad.

Actualmente, hay más de 27.000 plazas, están todas ocupadas, solo hay 900 libres, pero están bloqueadas, porque están de obras o forman parte de la habitación de aislamiento que tiene que mantenerse por protocolo covid. Hay 323 residencias, 70 públicas y el resto privadas, aunque la mitad de las privadas tienen plazas concertadas. La Generalitat ha autorizado 670 plazas más estos dos últimos años y tiene un plan de aumento del importe que se paga por plaza y día que ya ha comenzado a aplicarse este año. Y también espera que el año que viene entre en vigor el decreto de tipologías, que mejora ratios de personal y pacientes y fomenta residencias más pequeñas, con atención más personalizada.

Aerte no rechaza el decreto, pero pide más ayudas para los que no tienen acceso a una plaza pública

Un decreto que la patronal Aerte ve con buenos ojos, aunque espera que sea atractivo para la iniciativa privada y permita paliar en parte el déficit de plazas que Jose María Toro cifra en 22.000. Añade que el plan Convivint que ha presentado la Conselleria solo prevé la creación de 3.600 plazas que es el 15% de lo que se necesita. Toro cree además que ese nuevo modelo, el de una atención más personalizada en centros más pequeños con menos residentes provocará un encarecimiento de los costes, sobre todo en personal. Por eso cree necesario que la Generalitat aumente el importe de ayudas para que el elevado precio de una plaza no pública no sea una barrera de acceso a una residencia para quien lo necesita.

José María Toro insiste en pedir que se elimine la reserva de plazas COVID porque la pandemia, aunque persiste, no es tan grave. Por eso se deberían eliminar las restricciones que están vigentes en las visitas, o los registros de entradas y salidas. Sí que propone mantener el uso de las mascarillas por parte de los trabajadores.

José María Toro: "Aumentar la plantilla supone un coste que acabará repercutiendo en el coste de la plaza"

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La Conselleria está dispuesta a revisar las restricciones vigentes y consultará con Sanidad

Por su parte el director general de Infraestructuras de la Conselleria de Politicas Inclusivas Enric Juan avanza a la cadena SER, que después del proceso de vacunación de la cuarta dosis que comienza en lunes en las residencias se abordará con la Conselleria de Sanidad la revisión de las restricciones que están vigentes.

Enric Juan insiste en que la Conselleria tiene en marcha el plan Convivint que prevé la inversión de 279 millones de euros, para la construcción hasta 2025 de 9 centros, que se adaptarán al concepto de "hogar" que instaurará el decreto de nuevas tipologías. De hecho, hay dos muy avanzadas en San Mateu y Monteolivete en València. Ese decreto se aprobará pronto por el pleno del Consell y entre otras muchas cosas contemplará el incremento de los precios de las plazas públicas en las residencias concertadas y también las subvenciones para aquellos que tienen una plaza privada. Además, se prevé el incremento de la "ratio" de personal por residente por dos veces y media, medio punto por encima de lo que prevé el ministerio de derechos sociales. Se estima que supondrá la generación de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo en el ámbito sociosanitario.

Enric Juan: "Nuestro decreto duplicará las auxiliares y cuidadoras de las residencias con financiamiento público"

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EL PP opina que la gestión es insuficiente y se basa en promesas

Por su parte la diputada popular Elena Bastidas lamenta que el Botànic se quede solo en las promesas y no haga nada por mejorar la gestión. En ese sentido destaca que en les Corts los tres grupos que sustentan al Consell deberían haber aceptado la propuesta de crear en el parlamento valenciano una comisión de estudio sobre la situación en las residencias que hubiera servido para que todos los grupos parlamentarios hicieran propuestas. Bastidas insiste en que en 8 años el Botànic no ha hecho nada.

Elena Bastidas: "La gestión de residencias es más que insuficientes"

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Residencia Domus VI de Alcoi

Tras la crisis de la pandemia, la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto 20 expedientes por posibles irregularidades. Uno de ellos, supuso una multa de 40.000 euros para la residencia Domus Vi en Alcoy, en la que fallecieron 73 residentes en lo más duro de la pandemia. Un caso sobre el que la fiscalía inició una investigación que está suspendida a la espera de ver cómo se resuelve la vía civil que han iniciaron en abril los familiares de las víctimas contra la multinacional que dirige el centro y la aseguradora Mapfre.

En cuanto a la vía judicial según ha sabido la SER las familias siguen a la espera de que el juzgado de Primera Instancia que lleva el caso convoque la audiencia previa. La investigación abierta por el Fiscal también lleva un año paralizada.

Por cierto, recordarán que la vicepresidenta Oltra anunció en su día que se iba a intentar rescindir a Domus Vi la concesión para que dejara de gestionar la residencia, pero finalmente no se llevó a cabo la operación por consejo de la Abogacía de la Generalitat, que estimó que rescatar esta concesión podía suponer un coste para las arcas públicas de 90 millones de euros entre otras cosas, según la Conselleria porque la concesión se hizo en la época del conseller Rafael Blasco que fijo un plazo de vigencia de 45 años, y estableció unas condiciones leoninas, que dificultan mucho la recuperación pública de la gestión.

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