Las pedanías recogen firmas para evitar la construcción de plantas solares en el campo de Elche

Elche

Vecinos y colectivos en defensa del campo de Elche han comenzado una campaña de recogida de firmas para evitar la construcción de una treintena de huertos solares proyectados en diferentes pedanías del municipio. Ocuaprían alrededor de 500 hectáreas, en espacios que la propia ley no permite como zonas con alto valor agrológico, zonas inundables, zonas forestales protegidas, zonas con flora y fauna protegida, vías pecuarias o de alto valor cultural, suelos con Declaración de Interés Comunitario o próximas a viviendas. Aclaran que están a favor de este modelo de energía renovable pero no de la forma en la que se está haciendo.

En el escrito de la plataforma Change.org indican que se trata de megaproyectos colindantes, pero que las empresas los presentan de forma independiente con la intención de evadir el impacto real que causaría en su entorno. Además, aclaran que los campos no solo se verían afectados por los huertos fotovoltaicos sino por la gran cantidad de tendidos eléctricos de alta tensión en su mayoría, centros de transformación y subestaciones eléctricas que llevan asociados.

Por todo ello, recogen firmas para solicitar el apoyo de la ciudadanía ilicitana para que el Ayuntamiento de Elche suspenda cautelarmente las licencias para este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable, excluyendo autoconsumo privado o comunitario hasta que modifique parcialmente el Plan General para que se regule la implantación de las plantas solares. Los 30 proyectos están siendo valorados por la Conselleria de Economía Sostenible que debería emitir antes de mañana miércoles la declaración de impacto ambiental para que peudan seguir su tramitación. De no obtener esta autorización, los proyectos no saldrían adelante. En este sentido, el alcalde de Elche, Carlos González, es partidario de conocer cuántos de estos huertos obtendrían autorización para valorar si se trata de un fenómento que requiera de una suspensión cautelar que daría un plazo de dos años al ayuntamiento para adaptar su planeamiento como ya han hecho otros municipios como Alicante.