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Juicio en Llíber por 292 viviendas ilegales: un constructor admite pagos al arquitecto municipal

Uno de los constructores implicados declara haber abonado 200.000 euros al técnico del Ayuntamiento de Llíber por la tramitación de licencias en suelo rústico entre 1999 y 2003

Audiencia Provincial de Alicante / Silvia Cárceles

Audiencia Provincial de Alicante

Lliber

El constructor de nacionalidad alemana Peter Antonius Schmidt ha declarado este miércoles, por videoconferencia desde su país, que pagó cerca de 200.000 euros al entonces arquitecto técnico municipal de Llíber, Amador Signes, también procesado, por la elaboración y tramitación de proyectos de viviendas construidas en suelo rústico entre 1999 y 2003. Schmidt ha asegurado que confió en la legalidad de los permisos porque, según él, “todo estaba arreglado” y contaba con el aval del técnico municipal.

En el banquillo se sientan diez acusados, entre ellos cinco constructores, el exalcalde José Mas Avellá, el actual alcalde, José Juan Reus (PP), tres exconcejales y el propio arquitecto técnico, que ha optado por no declarar. La Fiscalía les atribuye delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios, y solicita penas que suman más de 43 años de prisión.

Según el Ministerio Público, las viviendas, vendidas mayoritariamente a compradores extranjeros, no han podido legalizarse. Durante la segunda jornada del juicio, otros constructores también han defendido que actuaron con la convicción de que las licencias eran válidas, ya que contaban con el visto bueno del consistorio.

El exintermediario inmobiliario Miguel Muntaner, también procesado, ha matizado su declaración inicial y ha negado haber regalado un coche al exalcalde, asegurando que fue una compra privada tramitada desde Alemania. También ha negado el pago de 10.000 euros por la retirada de un tendido eléctrico, argumentando que correspondía a tasas de licencia.

Por su parte, el actual alcalde José Juan Reus ha declarado que los expedientes eran aprobados por unanimidad en el pleno porque contaban con los informes favorables de la secretaria municipal y del arquitecto técnico, sin que los concejales los revisaran en profundidad.

 

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